La escuela en Andalucía (desde 2008), avanzadilla de la escuela Wert.

Como es público y notorio hay un proyecto para la educación que habrá de actualizarse en los países de España en un futuro inmediato, si una fuerza mayor, o menor, no lo remedia. Y tal proyecto depende del empeño que tiene este señor, don José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte, en convertir la enseñanza, la educación, la escuela… en un negocio. En un negogio productivo, competitivo, exitoso y crematístico. Su Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), que ya estará siendo informado por altas instituciones del Estado, se abre con una sucinta y clarísima declaración de lo que este ministro, integrista liberal y ultraneoconservador donde los pueda haber, entiende que es o ha de ser la educación. Dice así: “La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país”. La propuesta de definición, que él presenta como una definición conseguida y acabada, es más larga, pero tampoco queremos amargarle a nadie la jornada reproduciéndola entera. Ya saben ustedes que en Internet está todo. Los docentes que llevamos en esto más tiempo —yo llevo ya para 33 años: 5 leyes orgánicas, y una ley autonómica— nos hemos quedado a cuadros: no habremos sido pocos los que acabamos de descubrir que hemos estado toda nuestra vida profesional haciéndolo fatal: intentando educar y formar a nuestros alumnos, y dando la espalda olímpicamente al fomento de la competitividad de la economía. Con razón están así los países de España. Eso sí, a él, a Wert, nadie podrá acusarle de no explicarse. No muchas líneas más allá de esta declaración, e inspirándose en los postulados de Eric A. Hanushek, un influyente pedagogo de la Hoover Foundation (ligada a la Universidad de Standford, y a los círculos mas conservadores del republicanismo USA) puede leerse lo siguiente: “… la calidad educativa debe medirse en función del "output" (resultados de los estudiantes) y no del "input" (niveles de inversión, número de profesores, número de centros, etc.)”. Lo dicho, explicarse se explica.

            Hombre, habiéndonos leído, como así hemos hecho, y no sin zozobra, los contenidos de algunos de sus escritos cercanos al tema de la educación, entre ellos el estomagante, aunque en ocasiones bien documentado, Los españoles ante el cambio (FAES, 2012), en el que Wert expresa su convencimiento de que los centros ‘gestionados públicamente’ son los mayores responsables de la deriva y la pérdida de valores morales que, según él mismo, caracterizan en estos momentos a nuestras sociedades; habiéndonos indignado ante su no menos, sino más, estogante powerpoint La sociedad española ante la agenda de reformas (FAES, 2010), panfleto reaccionario presentado como una reflexión sociológico-política en el que puede leerse que en la Ecuela española —y de ahí su fracaso— se ha mantenido un… Concepto abusivo e invasivo de Comunidad Escolar, así como la Idea de co-gobierno (padres, alumnos, docentes, no docentes)… pero, añade, La Comunidad educativa no puede ser una Comunidad democrática, porque el proceso educativo no es democrático); y habiéndonos dejado asaltar por su istrionismo parlamentario (nuestro prohombre tiene cosas mucho más graves que aquella pifia de catalanizar a los vascos, perdón, de vasquizar a los extremeños, perdón, de españolizar a los catalanes: en una comparecencia parlamentaria al frente de la Comisión de Educación que tuvo lugar en febrero de este 2012 soltó aquello de que a los Centros de Educación españoles de Ceuta y Melilla acudía población ‘básicamente marroquí’ a beneficiarse de nuestras prestaciones educativas..!); y habiéndonos empapado, en suma, de estadoctrina Wert-Hanushek sobre lo que le Educación debe ser, frente a lo que es hoy en España, estamos en condiciones de afirmar que el postulado de promover una educación pública, social, diversa, autónomamente gestionada -en lo administrativo y en lo más puramente académico- desde los Centros y orientada hacia lo formativo de manera preeminente está ya a punto de caer, efectivamente, en España y sus autonomías.  Igualmente, y habiendo hecho, como lo hemos hecho, este ejercico previo de investigación a propósito de quién es este quién llamado José Ignacio Wert, que algunos ya conocían por sus dotes de tertuliano, estamos ya preparados para cualquier desastrosa y antisocial contingencia que pueda sobrevenir a la posible aprobación de este anteproyecto-LOMCE suyo, y de su posterior conversión en ley orgánica, aprobado de las Cortes y sanción real mediantes.

            Anteproyecto de ley este en el que se nos amenaza a docentes y centros de enseñanza con unas ‘rendiciones de cuentas’ que otras leyes de desarrollo habrán de sustanciar no queremos imaginarnos en qué términos. Rendiciones de cuentas que no tendrán que atender a la descapitalización humana y material de los institutos docentes (a los muy decrecientes inputs), sino solamente a los certificados y diplomas que estemos dispuesto a fabricar en serie (a los outputs, que han de ser crecientes) para que las estadísticas de la OCDE, de la UNESCO y del BM dejen de decir lo que dicen obstinadamente: Que nuestro ya bastante descapitalizado sistema educativo, después del volver a un raquítico 4,3 % del PIB de inversión, es decir al nivel de 2007, comienza a dar señales de dirigirse hacia el fracaso más total, y más injusto (porque invertirse se ha invertido, oiga: capitales y empeños, y muchas horas de trabajo de mucha gente entregada).

            Claro que para superar este lamentable estado de cosas es para lo que Wert dice haber pergeñado y presentado esta LOMCE cuyos dos pilares son la estructuración de un sistema educativo jerárquico y gestionado verticalmente en lo administrativo y en lo académico (mucho director y mucho inspector; poco consejo escolar, poco claustro de profesores, poco departamento didáctico, y poco de otros instrumentos de cogestión), y en el muy liberal principio de que la educación es una inversión de capitales y que, por lo tanto, solamente puede justificarse en función de unos rendimientos mensurables en términos de mercado (razón por la cual es de esperar un aumento de inversiones en la escuela privada, a la que él exalta frecuentemente en sus escritos y conferencias). Lo cual es una desgracia social.

No obstante nuestra sincera refracción hacia este plan-Wert, que no conseguimos ver más que como una apisonadora que creará, si llega a su terminus, mucha marginación y más depresión en la sociedad, quisiéramos facilitarle un poco su tarea a fin de que se dé cuenta de que tal plan no es tan suyo como a lo mejor se creía, y de que cuenta además con un antecedente práctico que talvez pueda servirle para reconsiderar su postura, retirar su malhadado anteproyecto, y dedicarse a otro negocio. 

Verá usted, señor ministro, en Andalucía se aprobaron en el verano del 2010 un par de Decretos, el 327 y el 328, que introdujeron una parte considerable de sus propuestas antidemocráticas o jerarquizantes en la gestión de los Centros, reforzando con tales decretos la figura del Director, reduciendo las atribuciones de los Claustros de Profesores y de los Consejos Escolares, y convirtiendo los órganos de coordinación docente en apéndices de una planificación pedagógica en la que los Departamentos Didácticos sólo intervienen tangencialmente y en aspectos poco determinantes. En su momento estos decretos fueron contestados por sindicatos y medios interesados en la enseñanza, pero finalmente se aprobaron tras un informe-dictamen favorable del Consejo Escolar de Andalucía. Informe este que fue finalmente acatado-admitido por unos sindicatos (CCOO, ANPE) y contestado y rechazado por otros (USTEA y FETE-UGT, entre otros). Dos años atrás, en el 2008, habíase dictado una Orden con la que se activaba un ‘Programa para la mejora de la calidad y de los rendimientos escolares’ (no me diga que no le suena bien), que fue igualmente contestada y rechazada por diversos medios cercanos al ámbito educacional en todas las provincias andaluzas (consintieron adherirse a este Plan una minoría de Centros en toda Andalucía, sobre todo de Primaria); que ha tenido que ser corregida no sé cuántas veces (y ahora se anuncia otra); y que en esencia se basa en su querida figura de la ‘rendición de cuentas’ de los centros y los docentes: Si producís los suficientes títulos, si conseguís que suban las medias de las calificaciones, y se mejora en determinadas partidas (menos repetidores, menos bajas en edad escolar, menos faltas, más contentura de padres…), estaréis mejor considerados y mejor dotados, Centros, y cobraréis algo más, docentes. Por si fuera poco y para más inri existe en Andalucía una red de centros docentes, que figuran en un listado de colegios e institutos de secundaria auditados por la empresa de homologación y certificación AENOR, que han de rendir cuentas de sus rendimientos y actuaciones (homologadas, normalizadas, calibradas…) ante estos gestores externos para obtener sus certificados de calidad. Pues bien, he de darle, señor ministro, la mala noticia de que los efectos de estas medidas y disposiciones legales están lejos de constituir un éxito en nuestra Comunidad a cuatro años de andadura del susodicho Plan de mejora de la calidad y rendimientos, a dos de los Decretos restringidores, y a pesar de todos los certificados AENOR que se exhiben, ridículamente, en las entradas de muchos centros andaluces: Las estadísticas no mejoran; la mayoría de los Centros siguen recelando del ‘Plan de mejora’ y en aquellos en los que ha sido aprobado los resultados están muy lejos de ser los que se esperaban. Por lo demás los Decretos jerarquizadores están fomentando la pasividad ante la corrupción y la incompetencia de gestores y directores en este Centro y en aquel otro, y causando el alejamiento de estos mismos Centros de las sociedades que los sostienen y justifican; cunde la segregación y la desorientación; y los índices que se refieren a la mejora en esos aspectos que resultan tan determinantes —promociones, no deserciones, adecuaciones de edades con niveles, y otros—  parecen desentenderse de tanta ordenada ‘mejora en la calidad y en los rendimientos’, de tanto decreto consolidador de la autoridad de los directores, y de tanta monserga  productivista homologable por AENOR.

            Desengáñese, señor ministro de la Educación (+ la Cultura, el Deporte, los Festejos Populares y los Toros Embolados) digan lo que digan los teóricos de la Hoover Foundation-Standford University, la educación, al menos en nuestra Europa, sí tiene que ver con el input, y más con un input que es el input de todos los inputs: con la inversión del Producto Interior Bruto (PIB) en las partidas que precisa la Escuela (y también con el % que esa inversión supone en el monto total del gasto público). En España hemos pasado de un 4,3 del PIB invertido en Educación en 2006/2007 a un 4,3 % en 2011/12 (pero atravesando un quinquenio en el que se habían superado levemente los 5 puntos, en 2009/2010, situándonos incluso un poco por encima de la media europea). Ahora se anuncia que volvemos al 4,3 (algo menos), y habría además que averiguar de este 4,3 % del PIB, que tiende a bajar, que subporcentaje es el que se invierte finalmente en la escuela pública. Por otra parte en medios oficiales se afirmó el pasado año (mayo 2011: Informe remitido a Bruselas por el Gobierno de España como parte del Programa de Estabilidad 2012‐2015), al tiempo que se anunciaban las primeras medidas restrictivas por todos conocidas y sufridas, que el % con el que llegaríamos al 2015 sería del 3,9. Al día de hoy ya estamos un punto por debajo de la media de Europa, y a casi dos de la modélica, que lo es, Finlandia.

            Háganos un poco de caso, señor Wert. No sea usted tan acérrimo de sí mismo. No busque modelos en los USA, que tan lejos nos pillan (tanto como la Vega de Antequera o el Valle del Jerte del Silicon Valley). Mire lo no-mucho-mejor que nos va en Andalucía con este adelanto ejecutivo a la LOMCE de sus entretelas. Mire mejor los porcentajes del PIB en educación de la escuela francesa (+ 5’6), de la belga (+ 6,5), de la sueca (+,7); mire a Finlandia (+ del 6). Mire —vergüenza nos dé— Portugal (5). Mire a Botswana (+ del 7’9). Mírese usted la cara en el espejo y repita con nosotros: menos Eric Hanushek y más Comenius + Paulo Freire; menos Eric Hanushek y más Comenius + Paulo Freire; menos Eric Hanushek… A ver si así se entera qué es lo que quiere decir la palabra Escuela desde una perspectiva social (desde esa misma que usted y los suyos desprecian). Porque esa, y no otra, es la que nos conviene a todos.

Enrique A. C. G.

Profesor de Filosofía y Educación para la Ciudadanía en el IES Ibn al-Baytar.

UN SALUDO A DOÑA PATRICIA Y A SU JEFA DOÑA MAR.

Dado que tenemos el ordenamiento político que tenemos, ese mismo que regulan el Titulo VIII, Cap. 3 de la Constitución  (De la organización territorial del Estado; de las CCAA... ) y el Estatuto reformado de Andalucía de 2007, si de lo que se trata es de tener noticias sobre las instancias desde las que se toman decisiones que nos afectan en nuestro diario trajín  (ya saben: mandar los niños a la escuela, enterarse de lo último que le haya podido suceder a tu nómina, escuchar las noticias que vienen de las cumbre europeas, renunciar a planificar las próximas vacaciones, ir al médico de cabecera porque te duele ahí...), no resulta tan interesante conocer la planificación y el currículo de un Delegado provincial de Educación, o de cualquier otra competencia, que conocer los del Consejero con el que este Delegado tiene que despachar. Ya que quienes tienen la clave de los proyectos a realizar y conocen los medios de los que disponen para realizarlos (así como el poder efectivo para establecer  las cuotas que de estos medios le corresponderán a cada una de las provincias de su Comunidad) son los Consejeros. Y las Consejeras. Pero si seguimos considerando el organigrama hacia arriba, apuntando hacia la actual Presidencia de la Comunidad Autónoma en su IX Legislatura, no está tan claro que sea el proyecto político del Presidente, asistido por su Vicepresidente, el que condicione la acción de los once Consejeros que están en activo en la Junta (de Andalucía), ya que lo que establece el tenor y el tono y la calidad y la frecuencia de la relación entre estos Consejeros y el Presidente de la Junta no es sino la identificación con un proyecto político tan etéreo como el que puedan suscribir en la actualidad el Partido Socialista (Obrero Español) e Izquierda Unida en un porcentaje que no está claro ni siquiera para los que sustentan. Proyecto este, el que ha de dar cuerpo y alma a la IX Legislatura andaluza, del que nadie conoce gran cosa. Nada más que sus efectos. Que por el momento no nos parecen demasiado saludables. Así que serían esa identificación con un proyecto político común (si lo hubiera) y la determinación de las cuotas de medios y capitales que a cada una de las Consejerías le hayan podido corresponder, tras la firma de los oportunos pactos, los elementos que, mezclados en determinadas e ignaras proporciones, darían cuerpo a este pegamento que mantendría a la elegante Torre Triana en su actual estado (renunciamos a adjetivarlo: tiempo al tiempo). Que el proyecto político que está por encima de esta Torre, versión del renacentista castillo de Sant Angelo, no fuera otro que el de consolidar las propias posiciones en los aparatos de los partidos políticos sustentantes y en los distintos departamentos constituidos en torno a estas once consejerías, sería, desde luego, algo tan deprimente como indeseable. Ojalá que así no fuera. O, por lo menos, que no lo fuera del todo.

Así pues es esa transmisión semiinstitucional y de difícil o imposible descripción que relacionan a los partidos políticos con las instituciones la que habría que conocer para tener una idea lo más cabal posible de la calidad democrática de las mismas. Asunto este en el que ni siquiera en la anterior situación de monolitismo político en Andalucía —30 años de PSOE, y sigue la cuenta aunque ahora cohabitan ‘socialistas’ e ‘izquiedaunionistas’— estaba claro para los que miramos desde afuera el aparato institucional-comunitario andaluz. ¿Hubo alguna vez, después del caso ‘Hermanos Guerra’, el primer caso de corrupción nepotista en nuestra Comunidad autónoma, alguien que tuviera más o menos claro cómo se repartían las influencias y dominancias en el PSOE andaluz? A lo mejor sí que hay. Pero en todo caso no es esa una cuestión de las que hacen historia, o eso creemos.

El caso es que ahí estaban, y están, las familias de linaje en torno a los líderes regionales, los así llamados ‘barones’; los grupos efímeros que se organizan a propósito de la resolución de cualquier expediente partidario-institucional (como el de la elección de candidatos para los distintos comicios); las dos principales facciones o corrientes (tradicionalistas/guerristas y renovadores/gonzalistas, muy forzadamente relacionados con posturas de izquierdismo tradicional o de renovación, y con un componente de gerontocracia cada año más acusado); la corriente organizada de Izquierda socialista, de filiación marxista y prácticamente testimonial; los contraaparatos (liderados por personajillos, la mayoría de ellos bastante ridículos, que han quedado fuera de los repartos locales de influencias), y todas esas cuestiones que nos presentan a esta forma nuestra de practicar la democracia, en Andalucía y en España, y en la Unión Europea, solamente como uno de los menos malos de los sistemas políticos conocidos hasta el momento, si es que lo es: Su gran defecto, en nuestra opinión, es que genera corrupción y fomenta la incompetencia en unas tasas altísimas.

Y el caso es que, y a eso era a lo que veníamos a referirnos, mandan mucho más los Consejeros que el Presidente de la Junta; e infinitamente más los Consejeros que sus Delegados provinciales: el poder ejecutivo se concentra en las Consejerías y un/a buen/a Delegado/a no es más que una obediente y efectiva extensión tentacular de tales Consejerías. Por estos  motivos creemos completamente inútil escudriñar en el más bien breve, y muy apartado de la enseñanza,  currículo de doña Patricia Alba, la nueva Delegada de la Consejería de Educación en Málaga, a quien no hay más, por el momento, que desearle una buena gestión desde su despacho oficial y felicitarla por su nombramiento. No es una docente, o por lo menos la docencia no le ha ocupado más que tangencial y brevemente. Tampoco parece que el ámbito de la docencia le haya ocupado mucho en sus anteriores trabajos y ocupaciones como jurista y gestora. Vale, pero nada de esto determina que lo tenga que hacer mejor ni peor, como tampoco su condición de mujer o de militante del Partido Socialista (Obrero Español). Con este bagaje puede hacerlo mejor o peor, o bien, o mal. Por otra parte, si bien es cierto que en su currículo sobresalen más los ítems que la presentan como una especialista en la gestión, no vemos que esto tenga por qué suponer ningún demérito. De gestión, más que puramente académicos o pedagógicos, son los problemas que ha de resolver con más urgencia en nuestra provincia en una etapa caracterizada por recortes en los presupuestos, por la necesidad de decidir sobre el mantenimiento o supresión de programas, por la disminución drástica en la plantilla de profesores y personal, por el mantenimiento o supresión de servicios externalizados (asesorías incluidas), etc. Así que no nos adherimos a esa opinión publicada que cuestiona a esta persona por ser de tal partido, por ser mujer, por ser una gestora, o por provenir de donde provenga. Al final serán sus acciones, o sus inacciones, las que determinarán la calidad de su gestión. Un servidor, que es docente, lo que desea es que todo le salga lo mejor posible como gestora provincial de una escuela que ha de ser de todos y para todos. Faltaría más.

Desde otra posición muy distinta tiene uno que situarse a la hora de encajar que es de nuevo, doña Mar Moreno, la Consejera de Educación (no sabemos por cuánto tiempo ya que su especialidad parece ser la de coleccionmar cargos en unas fracciones muy breves de tiempos: puede que tenga el récord internacional). Y es que esta señora sí que tiene experiencia en el ramo, tanta como la de haber ostentado ya este cargo con anterioridad, a pesar de que no llegara a cumplir un año  al frente del mismo (abril-2009/marzo 2010). Poco tiempo, desde luego, pero el suficiente como para haber impulsado desde su mandato los dos nefandos Decretos, el 327 y 328, del año 2010, que comenzaron a situar a nuestra Comunidad Autónoma en la senda de la organicidad jerárquica y antidemocrática y en la vía productivista-mercantilista a la que el ministro Wert  pretende atraer, con su estomagante y mal resuelto anteproyecto-LOMCE, a los territorios gestionados directamente por el MECD y también a las CCAA de España con las competencias de Educación transferidas. Cierto es que doña Mar Moreno no tenía ya la responsabilidad de la conducción de la Consejería de Educación cuando se aprobaron esos decretos (ella era ya consejera de la Presidencia, llegando a batir ese año la marca de cinco altos cargos en dos años), pero no es menos cierto, como dicen los abogados, que fueron ella y su staff de tecnócratas educacionales, dirigidos por Sebastián Cano, actual viceconsejero, los que pergeñaron esos decretos que fueron aprobados en el mes de julio del año 2010 frente a la oposición de medios y sindicatos que los denunciaron como expresión de una deriva de la legislación educacional hacia un menos de representatividad y democracia en la gestión interna de los centros de enseñanza. Por cierto que fue ese mismo curso el 2009/2010 en el que la Comunidad Autónoma de Andalucía tuvo tres responsables distintos al frente de su Consejería de Educación: M.Teresa Jiménez Vílchez (abril-2008/abril-2009); Mar Moreno (abril-2009/marzo 2010); y Fr. Álvarez de la Chica (marzo-2010/mayo-2012).  ¡Qué mal estuvo eso, oiga! Trasluce una situación de corrupción institucional consentida: El famoso ‘quítate tú, que me ponga yo’, con el que muchas personas memoriosas, como mi abuela C q.e.d., significaban el régimen de oligarquía, caciquismo, clientelismo y nepotismo que sufrió —y sufre— Andalucía al menos desde los tiempos de Cánovas del Castillo.

Resulta también interesante anotar que desde febrero a octubre de 2008, bajo el mandato de la inoperante Jiménez Vílchez, y según las prescripciones del tecnócrata Cano, se sucedieron una serie de bandazos legislativos que culminaron, en octubre de 2008, con la edición, que entonces se dio por definitiva, de la Orden por la que se regulaba el Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares en los Centros Públicos, implicándose en esta gesta administrativa-legislativa el mentado don Sebastián Cano, actual segundo de doña Mar Moreno en la Consejería. Este programa que actualmente se encuentra en un limbo legal y ejecutivo tras la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y que contó con una oposición decidida desde los mismos Centros y desde diversos medios (no así la de los sindicatos mayoritarios, que en esta ocasión fueron responsables del mantenimiento de este programa), ha de ser una vez más refrendado en los Centros que se han acogido al mismo para acabar de cortar los flecos de ilegalidad que, según esta alta instancia judicial, la mentada Orden tenía. No tenemos nada claro, por otra parte, que una vez superado este postrero trámite el Programa sí pueda presentarse como conforme a la ley (ni a la LOE, ni a la misma LEA). Creemos que una denuncia del mismo desde la perspectiva de la parcialidad y el carácter restrictivo del mismo podría tumbarlo definitivamente. Téngase en cuenta que por efecto de este Programa los Centros en Andalucía se dividen en dos clases: aquellos que se han querido acoger al programa y los que no; esto es, centros ‘de calidad reconocida e incentivada’ y centros ‘sin calidad reconocida ni incentivada’; lo cual supone una clara transgresión del principio de igualdad de los ciudadanos ante las leyes y las disposiciones ejecutivas: no todos los padres podrán mandar a sus hijos a estos Centros ‘de calidad’, ya que estos no constituyen la totalidad de la oferta educativa.

Pero bueno, este escrito, que pretende ser sobre todo una salutación a la nueva Delagada, a doña Patricia, y a la bastante menos nueva Consejera de Educación, va a llegar a su punto y final después de formularle a la nueva Delegada (la Consejera me pilla mucho más lejos) una pequeña y apuradísima serie de peticiones y/o sugerencias. El que las hace, profesor de EESS desde el 81/82, está enfilando ya hacia sus últimos cursos de actividad docente directa, y está francamente preocupado por dos motivos principales. El primero se llama Wert, y tiene forma de un Decreto, el 1190/2012, de 3 de agosto, con el que este ministro españolizador ha creído dejar sin efecto esa parte de los dos Decretos de desarrollo de la LOE (los RD 1513 y 1631, ambos de diciembre de 2006) en los que se establecen las preceptivas pedagógicas para el área de conocimientos (Primaria) y la materia (Secundaria) Educación para la Ciudadanía. El segundo motivo de zozobra y preocupación, y hasta de cabreo, para este mismo profesor no es otro que el de percatarse como la Escuela que hacemos en Andalucía desde 2008, año de promulgación de las órdenes  por la que se regula el Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares, y desde 2010, año en el que se aprobaron los dos Decretos que imponen unas normativas jerarquizadoras y antidemocráticas en los Reglamentos Orgánicos de los Centros puede perfectamente presentarse como una avanzadilla de la Escuela preconizada por W con su Decreto contra la Educación para la Ciudadanía, su anteproyecto-LOMCE, sus PowerPoints (FAES-Navacerrada, 2010), sus publicaciones de interés pedagógico (Los españoles y el cambio, de 2012), y sus desplantes antisociales. Y es que a este mismo profesor, a un servidor de Usted y de la Junta, le produce un gran quebranto, profesional y personal, que la Calidad y Mejora de los rendimientos de 'nuestra' Orden suene  tan similar a la Mejora de la Calidad que se proclama desde las siglas y, lo que es peor, desde los contenidos mismos de la LOMCE wertiana. Y es que desde las promulgaciones de estas nefastas y antisociales órdenes 'para la mejora de la calidad y los rendimientos' y de los referidos decretos jerarquizadores la Escuela que hacemos en Andalucía, ya no es la que hacíamos: ha perdido en calidad democrática y también, y mucho, en el importantísimo capítulo de la motivación al más alto nivel: Para qué enseñar. Este profesor dice, y muchos colegas suyos se manifestarían de acuerdo, que tanto para atreverse a saber (Kant) cómo hacer para liberarnos (Freire), y para que no cunda la creencia de que triunfar consiste en ponerse encima de los demás (Rawls). La Escuela Wert persigue otra cosa. Y lamentablemente la 'nueva' Escuela que estamos haciendo, o dejando de hacer, en Andalucía desde 2008-2010 parece que persigue algo que se le parece mucho. Lo cual es una desgracia. Una desgracia que a los que llevamos ya invertidos unos cuantos años en una escuela que quiso y que quiere ser social, y que está en ello, nos hace un daño un tanto especial.

Doña Patricia, háganos usted los favores que a continuación le pido (porque sé que está en su mano).  Informe de estas indeseables circunstancias a su Jefa, doña Mar. Dígale usted, desde su saber como gestora, que el mantenimiento de la Orden por la que se aprobó el 'Programa de Mejora' puede suponer una transgresión de distintos ordenamientos desde la misma Constitución, que consagra el principio de igualdad de oportunidades (art 9, 2; art. 149, 1-1º). Refiérale que hay un listado de Centros en Andalucía que figuran en las listas de Centros cuya calidad ha sido y sigue siendo homologada, normalizada y certificada por AENOR, una empresa que hace lo propio con concesionarios de automóviles o fábricas de embutidos; lo cual constituye una circunstancia y una transgresión homologables a la anteriormente referida, además de una avanzadilla andaluza de la Escuela preconizada por la repugnada LOMCE del equipo Wert. Escuela esta, la de W, basada en los principios asumidos como tales de la exaltación del output empresarial, la maximación de beneficios-rendimientos (más títulos de lo que sea y acosta de lo que sea: los inputs importan poco, o nada), y la 'rendición de cuentas' (esto está en el anteproyecto-LOMCE, expresado con estos términos). Doña Patricia sugiérale a su Jefa, doña Mar, si todavía aguanta en el cargo, que revise los modos de acceso a la función pública docente para que no sean los candidatos mejores preparados y que han demostrado un mayor nivel de conocimientos y mejores actitudes docentes los que se queden sin puesto, y aunque hayan sido estos mismos aspirantes los mejores calificados en las pruebas-oposiciones reguladas al efecto. Doña Patricia, informe a su Jefa, doña Mar, de que por mor de los efectos ejecutivos de los decretos aprobados en 2010, los decretos 327 y 328, por los que se aprobaron los Reglamentos Orgánicos de los Institutos de Educación Secundaria y los de los Colegios de educación infantil y primaria cunde en los Centros la abulia, la incompetencia y la corrupción en cargos directivos, y que la letra y el espíritu de estos mismos decretos ha reconvertido a las plantillas de inspectores de educación en comparsas de esta indeseada situación. Doña Patricia, sugiérale a su Jefa que suspenda los muchos servicios externalizados, incluidas asesorías; esos mismos que pueden y deben ser ofrecidos por funcionarios que han demostrado su competencia. Doña Patricia (perdóneme, porque le estoy gastando el nombre, ya estoy acabando) procure alentar desde el equipo que usted dirige iniciativas que tiendan a socializar la enseñanza mucho más de lo que está socializada al día de hoy; mire que en Andalucía estamos perdiendo mucho en este sentido (o, si lo prefiere, mire usted que en Andalucía estamos dejando de ganar mucho en este sentido); convoque a usted a pedagógos y a técnicos que se sitúen y estén más cómodos en la línea del maestro Paulo Freire (ya sabe, una pedagogía de la concienciación social y de la liberación) que en las líneas ventajistas y productivistas de Eric A. Hanushek (el pedagogo favorito de Wert, de la Standford University). Hacen falta programas -y ya sé que hay, pero hacen falta más, y mejores y más efectivos-  que hagan posible y alienten en los centros de Enseñanza una acogida pedagógico-social mucho más amplia y efectiva a los colectivos de emigrantes, personas desfavorecidas, y alumnos provenientes de lejanos entornos culturales, que chocan con el nuestro. No le quepa duda de que si los Centros supieran aprovechar las amplios márgenes de autonomía pedagógica y pedagógico-administrativa para reestructurar los servicios que prestan, implicando a todos los gestores del hecho educacional y sabiendo canalizar los capitales de los que disponen, las estadísticas de resultados (los famosos outputs de Wert & Hanushek) serían distintas. Claro que para eso lo mismo habría que sacar adelante una normativa que neutralizara o derogara los decretos 327 y 328; esos mismos que han establecido el caciquismo y asegurado la permanencia de la desgana y la incompetencia en los Centros (en los Centros en los que se han asentado la abulia y la incompetencia, que no son la mayoría, por supuesto... todavía).

Doña Patricia, le deseo de corazón, me haga el caso que me quiera hacer (si pudiera hacerme alguno, mejor), una buena gestión.

Y adelante con la escuela pública (que ha de ser de todos y para todos).
 

Enrique A. C. G.

Profesor de Filosofía del IES Ibn al-Baytar.

 

MARZO DE 2010: VAN A RETIRAR Y A MEJORAR EL PROGRAMA DE MEJORA Y CALIDAD DE LOS RENDIMIENTOS EDUCATIVOS.

A lo largo de este escrito hago referencia a tres fuentes informativas que a continuación detallo y vinculo por si a algún lector le interesara comprobarlas o conocerlas. Helas aquí:

Noticia en El País, de 3 de marzo de 2010:

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Educacion/cambiara/Programa/calidad/fracaso/institutos/elpepiespand/20100303elpand_5/Tes

Noticia en El País, de 6 de marzo de 2010:

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/CC/OO/reclama/Educacion/extienda/incentivos/elpepiespand/20100306elpand_15/Tes

Noticia en Andalucía Educa, de 7 de marzo de 2010:

http://www.andaluciaeduca.com/actualidad/vernoticia.php?id=28300

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Doña María del Mar Moreno, en su calidad de consejera de Educación de la Junta de Andalucía , manifestó el pasado día 2 de marzo en una comparecencia ante algunos medios de difusión y propaganda de esta Comunidad que, ante la acogida (más bien mala) que ha tenido el Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares (PCM), están planteándose en la Consejería de Educación su ‘reforma’ o su ‘replanteamiento’ (El País, 3 de marzo: el vínculo para leer la noticia en prensa está más arriba). Dado que la noticia nos llega por la transcripción de un periodista que asiste a una sesión informativa tras un Consejo de Gobierno de la Junta en el que la noticia estrella es otra (la dotación millonaria para un Centro de Investigación en Ingeniería del Parque Científico Cartuja 93), y dado que al parecer ninguno de los informantes se percata de la importancia del anuncio no le hacen más preguntas a la Consejera sobre este particular, la cosa queda, informativamente, ahí.

Qué pena que entre aquellos informadores no hubiera un corresponsal para temas de Educación que hubiera sabido hacerle las preguntas pertinentes. Porque el tema es de un interés enorme para un sector muy amplio de profesionales constituido por todos aquellos que hemos dicho que no a siete mil euros por barba o por escote a pesar del rigor recesionista de los tiempos que corren y de lo escaso de nuestra paga. Pero la noticia se amplia en algunos medios cuando a los tres días de este pronunciamiento de la Consejera el responsable de Educación en Andalucía del sindicato Comisiones Obreras, pillado, como todo el sindicato en Andalucía a propósito de este particular, con el culo al aire se ve obligado a hacer una serie de declaraciones, manifestaciones y regurgitaciones con las que esta corporación sindical, que ha decepcionado profundamente a una masa importante de afiliados al presentarse en su día como uno de los principales, sino el principal, valedor de este PCM, pretende ahora salir al paso del rechazo de este PCM por parte de esa mayoría de profesores que han identificado (y a lo mejor no es por que seamos tontos ni aviesos) este Programa como una maniobra más bien indecorosa que se propone —y si no se lo propone no hace nada por evitar que esto pueda ocurrir— falsear los datos referentes a nuestra realidad educacional, al tiempo que han registrado y sufrido tal Programa como una agresión institucional al mantenimiento de unos presupuestos deontológicos mínimos desde su castigada parte.

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Antes de seguir quisiera hacer la siguiente precisión: mis respetos para todos aquellos profesores, maestros en su mayoría a juzgar por los datos a los que referiré posteriormente, que una vez presentado el PCM (siete mil euros por conseguir unos cambios en los resultados del trabajo docente de cada cual que puedan expresarse en unas estadísticas: aumento de aprobados, aumento de la nota media, disminución de la tasas de repetidores, ‘satisfacción’ … de los padres, y otras), optaron en su momento por decir que sí al Programa y, consecuentemente, han cobrado ya parte de esos siete mil euros. Mi respeto más absoluto por más que sea irrefutable que son, precisamente, los profesores que peor pagados están los que más pronta y resueltamente se han acogido al Programa. Y qué quieren: si, por meternos en otro programa más (y hay tantos y tantos y tantos …) esta vez nos van a pasar unos euros, pues nos metemos. ¿O es que le íbamos a decir que no solamente a éste que suponía un aumento de sueldo durante unos años? Esto es lo que muchos compañeros manifestaron en su momento para explicar o justificar su aceptación y su suscripción al Programa de marras. Y yo insisto en que no tengo nada que objetar, que lo comprendo y que encuentro tal postura absolutamente legítima desde cualquier punto de vista. Faltaría más. De la misma forma que no tengo ningún problema en reconocer que en su momento hube de pensar bastante mi postura ya que formaba parte de un Centro en el que un voto podía decidir si el Programa se aceptaba o se dejaba de aceptar (no se aceptó). Ahora bien, de la misma forma que no tengo nada que objetarle a los compañeros que dijeron que sí a este Programa ‘de Mejora’ (el PCM) reclamo también un respeto y una consideración para todos aquellos Centros y profesores –más del 75% de los Institutos de Secundaria en toda Andalucía— que en su momento le hemos dicho y redicho que no por otras razones que también reclamamos como respetables. ¿Vale?

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Esas razones no las voy a pormenorizar una vez más (las mías están en otras páginas de este blog: ver índice). Ya están dichas y redichas, y constituyen para muchos de nosotros una parte importante de nuestro bagaje deontológico. Tales razones, que podrían afirmarse más bien como una actitud y como una práctica o una manera de vivir la profesión, se han expresado en esta ocasión en el 77% de los centros de Secundaria con un claro ‘no queremos siete mil euros por coadyuvar en lo que podría constituir una operación de falseamiento de nuestra realidad cara a la sociedad’. Actitud y práctica éstas que parten del previo convencimiento de que no encontrarán en nosotros los profesores ni tampoco el grado de calidad con el que pueda quedar referido o significado nuestro trabajo —a veces nos sale mejor, otras veces peor, como seguro que le pasará al mismo Rey— la explicación de que el fracaso se haya instalado en el centro de nuestro sistema educacional afirmándose ya con una patología crónica. Y entonces no queremos los siete mil euros. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran ofrecido 70.000 en vez de 7.000? Pues que el PCM hubiera salido para adelante, evidentemente. Pero ahí quien hubiera cometido la fechoría no hubiéramos sido nosotros, los que aceptaríamos tal cifra a cambio de tan indecente contrapartida, sino esos mismos que han intentado este engaño presupuestando muy por debajo el precio —que no el valor— de nuestra connivencia: todos tenemos un precio, desde luego, pero a lo mejor no salimos tan baratos como lo tenía previsto el enterado que haya concebido semejante Programa.

Sin embargo no es a la Junta, que ha intentado forzar con este malhadado Programa una salida a la crisis educacional que padecemos, ni tampoco a los profesores que han dicho que sí o que no, o a los que han dicho que sí “aunque ya sabemos que es que no”, a este Programa a los que quiero dedicar las líneas que restan, sino a los sindicatos y muy especialmente a cé-cé / ó- ó (sindicato trabajador), ‘mi’ sindicato. El sindicato que coadyuvó, impulsó y llegó a presentar este Programa casi como si de una conquista para este colectivo se tratara y que dedicó no pocas líneas e incluso publicaciones oficiales monográficas a cantar las excelencias de esta auténtica mamarrachada de Programa. Bueno, pues ahora dice Comisiones que si el Programa ha fallado es porque había que aplicarlo a todos los Centros y no solamente a aquellos que aprueben su inscripción al mismo por una mayoría de dos tercios; dice también que la prueba de que el Programa no ha sido tan mal acogido es que la mayoría del censo de profesores de la Comunidad (40000 sobre 66000) lo ha aprobado mediante la correspondiente subscripción personal de los profesores al mismo. Sin embargo omite la cada vez más amarilla corporación sindical que en esos 40000 están indistintamente incluidos los maestros y los profesores de secundaria, es decir colectivos distintos con muy distintas razones para decir que sí o que no al Programa, y también que frente al 48% de centros acogidos al Programa —colegios e institutos de secundaria— está el 77% de Institutos de Secundaria y Bachillerato que lo han rechazado. Tampoco parece que estén muy dados a reconocer que el subscribirse o dejarse de subscribir al Programa no es un referéndum sobre la moralidad o la efectividad del mismo, sino el resultado de una incalificable coacción de la administración y de los sindicatos asistentes sobre el colectivo de los profesores. Que ha respondido como ha respondido.

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Hay ya una comisión de técnicos y cargos de la Consejería analizando datos referibles a los efectos detectables a los tres años del ‘lanzamiento’ del Programa. El secretario general de Enseñanza de CCOO en Andalucía, un señor que se llama igual que José Blanco y que seguramente se parecerá al tal en más cosas que en su nombre, ha dicho también que ‘lo que ha fallado’ (tiene bemoles escuchar cómo un sindicato ‘trabajador’ defiende negocios de este tipo: da su poquito de vergüenza) es que han habido ‘fallos en la explicación’ del PCM cara a los profesores. Qué tremenda inconsecuencia y qué falta de respeto, oiga. Falta de información sí que ha podido haber en muchos colegios y en algunos institutos en los que este Programa se ha aprobado sencillamente porque lo ha recomendado el equipo directivo con argumentos tan irrefutables como el siguiente: “Es otro programa más que nos van a meter, pero en esta ocasión nos van a soltar unos dineros, y se nos va a quedar según dicen mejor la paga para la jubilación. Habrá que rellenar más papeles, pero total, ya estamos acostumbrados. Así que, venga, vamos a votarlo. ¿Hay alguien que esté en contra?”. Así fue cómo se hizo en un IES de Málaga en el que el Programa salió aprobado y cuyo nombre omito por razones que supongo entenderán los que estas líneas estén leyendo, y mucho me temo que este caso puede ser bastante representativo. Sin embargo en los IES y colegios públicos en los que el Programa ha sido rechazado no faltaba, en absoluto, información. En tales casos han habido debates largos y bastante profundos en los que se han oído razones y explicaciones en uno y en otro sentido, se han constituido comisiones de compañeros que se han informado y han expuesto sus conclusiones en claustro, escritos en prensa, foros en portales dedicados a la enseñanza, etc, etc. Si ha habido falta de información ha sido en el sentido contrario: ni la Consejería ni sus corporaciones sindicales asistentes han querido informarse de las razones contrarias, razonadamente contrarias, a su Programa que expresábamos muchos de los que no lo teníamos tan claro, y han preferido ignorarlas o vincularlas a contestaciones trasnochadas o maximalistas provenientes de ciertos medios que no son representativos (como las del sindicato ‘independiente’ APIA).

4 (segunda parte)

Bueno, así es como están las cosas. La Consejería afirma ahora que su intención es la de mejorar el Programa de Mejora en lo que respecta a su implantación y a su extensión a los demás centros, pero que el Programa "va a seguir en todos sus fundamentos y su filosofía en modo alguno desaparecerá" (noticia de M. PLANELLES - Sevilla - 06/03/2010). Qué mala noticia. Y, por otra parte, qué insólita: el PCM tenía una filosofía y unos fundamentos. ¿Y por qué no se hacen públicos? Pero me refiero a sus verdaderos principios y no a las hueras e insustanciales soflamas con las que el Programa se presentó en su día. A mí me parece que, en todo caso, tales principios han de ser incompatibles, a juzgar por los efectos prácticos que se siguen de sus actualizaciones, con los que se expresan en el preámbulo y en los principios y finalidades que se contemplan en la LOE, ya que el Programa es segregacionista y contrario al principio de igualdad de oportunidades, como ya mostré en su momento en este mismo blog (ver índice). Mas parece que ahora alguien se ha dado cuenta de que, efectivamente, el hecho de que este Programa esté ya activo —premiando a unos y castigando-desincentivando a los más— está implicando en la práctica que determinados medios y recursos estén llegando a unos centros con preferencia a otros, y eso —pero sólo eso, por el momento— lo van a arreglar. ¿Tardarán mucho en darse cuenta de que el Programa no es sostenible en su totalidad sin lesionar derechos fundamentales? ¿Tardarán mucho en retirarlo en su totalidad y pedir perdón por los daños ocasionados? Escuché al señor Cano, actual viceconsejero de Educación —exconsejero y una de las inteligencias que han perpetrado este Programa— en una comparecencia celebrada en Málaga al inicio del segundo trimestre del curso 2008/09 ante un grupo de cargos y técnicos de la provincia, comparecencia en la que hubo de escuchar no pocas reconvenciones al Programa, decir al final de la misma que ‘respetaban a todos aquellos que habían dicho que no al Programa’. Pues menos mal, porque el remate del tomate sería que, además de desincentivados, los que procedemos como profesores sin querer recibir propinas por intentar cumplir con nuestras obligaciones lo mejor que podemos y sabemos (eso sí sin querer jugar al juego de falsear la realidad en la que actuamos), fuéramos despreciados.

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Y para finalizar una idea que les brindo interesadamente —es que soy parte— a los técnicos y cargos que estén preparando ese informe trienal sobre los efectos del PCM, que supongo tendrán que tener listo para junio. Si quieren ustedes empaparse sobre las razones que han podido llevar a profesores y Centros de Secundaria (77%) a rechazar el PCM hagan una recopilación-muestreo y sometan a una atenta lectura las páginas de los libros de actas en las que se hayan recogido las sesiones claustrales convocadas al efecto de la discusión de esta cuestión. Si tal cosa hicieran talvez podrían apercibirse de dos cosas distintas e informativamente complementarias, a saber, que la falta de información o de explicaciones (también desde la parte de los que defendieron la legitimidad y bondad del Programa) no se dieron en los casos en los que el Programa fue rechazado, y que en la mayoría de estos casos ese rechazo seguramente tuvo más bien que ver con la sutil persistencia en el ánimo de muchos de sus potenciales ejecutores de esa cosa que algunos, perdón, que muchos (77%), seguimos llamando decencia, palabra ésta que no aparece en la letra ni está en el espíritu del Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Educativos, ni en el actual ni en el mejorado. Porque es que este 'Programa de Mejora' es palmariamente inmejorable, por impeorable.

Málaga, 10/03/2010.

SOBRE LA AZAROSA MARCHA DEL PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES.

En respuesta a la situación creada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía al convocar a los Centros a votar el Plan de Mejora y Calidad -que en seguida y por un perverso efecto semántico empezó a llamarse "la ley de incentivos"- escribí este texto que fue rechazado por distintos medios provinciales.

A lo largo de estos días y hasta el 15 de noviembre se está votando en los centros no universitarios dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la adscripción o no adscripción de estos centros al Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares (PCyM). Este programa se regula por una Orden publicada el 20 de febrero de 2008 que ha sido corregida hasta su forma supuestamente definitiva, que sería la que recoge la Orden de 10 de octubre de 2008, por la que se regulan distintos aspectos ejecutivos del mismo. El pasado curso este programa pudo ya ser presentado a los centros de la red educativa de toda Andalucía con el resultado de que solamente un 35% lo suscribieron, correspondiendo al total de este porcentaje un 20% a los centros de Primaria y un 15% a los de Secundaria. Estos son datos comunicados recientemente por el viceconsejero de Educación, don Sebastián Cano, en distintas sesiones de trabajo que está teniendo a lo largo y ancho de nuestra Comunidad acompañado en cada una de ellas —es de suponer que se estará repitiendo el misma esquema organizativo que se ha desplegado en Málaga— por los distintos delegados provinciales. En la sesión que tuvo lugar el pasado 3 de octubre en el auditorio del Conservatorio Superior de Danza de Málaga el Viceconsejero compartió mesa de ponente con el Delegado Provincial de Educación, don José Nieto. Frente a ellos unas doscientas personas la mayoría de ellas con cargos de responsabilidad directiva o académica en distintos Centros de la provincia (directores, jefes de estudios, orientadores, jefes de departamento …).

El Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos escolares sólo fue suscrito el pasado curso escolar por un 15% de los Centros de Secundaria a pesar de que suponía unos incentivos económicos nada despreciables para los docentes que pudieran acogerse al mismo.En esta sesión de trabajo el viceconsejero hizo una amplia presentación no de la Orden recién modificada por la que se regula el PCyM sino de la LEA (la Ley de Educación de Andalucía, de diciembre de 2007), dando por supuesto que el PCyR es consecuencia de la LEA. Precisamente este supuesto que en el mismo acto suscribió el Delegado provincial constituye, para el que escribe esta comunicación, la parte más floja y más discutible y contestable de las intervenciones de estos dos altos gestores de la administración educativa. Este mismo supuesto ha sido varias veces esgrimido o presentado como justificación del PCyM por otros valedores del mismo, entre ellos el sindicato cada vez más corporativo CC.OO. que defiende la implantación de dicho plan aduciendo que es consecuencia del articulado de la LEA, articulado en el que se establecerían los principios de la calidad y mejora en los rendimientos escolares y la incentivación al profesorado que trabaje por la consecución de tales metas (ver el flojísimo e incoherente artículo de). Existe una falacia de la lógica informal conocida con la etiqueta latina ‘post hoc, ergo propter hoc’. Y en ella incurren los que pretenden que este Programa y la Orden que lo promueve son consecuencias directas de la LEA: Ocurrió después de aquello, así que es consecuencia de aquello. Pero no.

Es cierto que la LEA en su ‘exposición de motivos’ establece como meta ‘la mejora de los rendimientos escolares y la reducción del fracaso escolar’ y que afirma como principios del sistema educativo que promueve —y que muchos profesores lamentamos no poder calificar como nuestro— ‘la equidad, la mejora permanente, y la convivencia como meta y condición necesaria’. Tales metas y principios son asumibles por todos, porque no son más, ni menos, que postulados. Ahora bien la administración educativa cuando de verdad trabaja por tales metas y de acuerdo con tales principios no es cuando los asume o los proclama con más o menos solemnidad, sino cuando provee de medios normativos y materiales para conseguirlos, y cuando hace tal cosa sin caer en contradicciones con otras normativas vigentes y sin provocar efectos perversos que determinen pérdidas de derechos o disfunciones importantes en los ámbitos de actuación que le son propios, como así ocurre con este PCyM. Y es que este Programa y esta Orden vulneran ostensiblemente el principio de igualdad de oportunidades que, como tal, aparece recogido en la Constitución Española (artículo 9, aptdo. 2 del Título preliminar, que establece el principio de la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y art. 149 del cap. IV, de igualdad en el ejercicio de los derechos); en el Estatuto reformado de Andalucía de marzo de 2007 (Artículo 189, sobre la asignación del gasto público), en la LOE de mayo de 2007 (art. 112, sobre medios materiales y humanos); y hasta en la LEA (cap. I, art. 7-2, h, en el que se establece como principio la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de integración: en este artículo se establecen medidas de promoción de la igualdad que no hay porqué interpretar que favorezcan solamente a personas discapacitadas o desfavorecidas, sino a la totalidad de la ciudadanía).

Las autoridades de la Consejería no ven disfunción alguna en el hecho de que el Programa divida la oferta educativa en la Comunidad Tales efectos perversos de este Programa vienen dados por su carácter efectivamente (efectivamente: de efecto) desintegrador y desigualador, ya que promueve y determina —la ha determinado ya de hecho— una situación en la que existirán dos clases de Centros de enseñanzas en primaria y secundaria: los que han suscrito el PCyM y los que no; es decir, los que están oficial y decididamente por la consecución de un plus de calidad y de una mejora en los rendimientos escolares, y los que no. —¿A cuál de ellos pertenece el que le coresponde a su hijo, señor/a mío/a? ¿Al segundo? ¡Qué mala suerte! Y tanto que qué mala suerte: los profesores de estos centros que no están por la labor ‘de la mejora’ cobran bastante menos (y es curioso: los que no están por este Programa no es por desidia ni desinterés, más bien por todo lo contrario: les parece a la mayoría que esta Orden no resulta adecuada para los fines que dice perseguir). Pero hay efectos no buscados aún más perversos. A partir de la entrada en vigor de esta Orden habrá profesores que, queriendo suscribir los términos en los que la misma establece el PCyM no podrán hacerlo si no se consiguen los 2/3 de los profesores asistentes al claustro en el que se votará la adscripción de su Centro al mismo; a partir de este momento estos profesores estarán efectivamente (de efecto) desincentivados: con toda seguridad seguirán empeñados en mejorar la calidad del servicio, pero no cobrarán incentivo alguno. Más efectos perversos: ¿Qué ocurrirá con los profesores que, habiéndose aprobado el Plan en su Centro, no se comprometan por escrito a alcanzar las metas establecidas en los anexos a la Orden? Pues que no cobrarán los incentivos, por descontado ¿Pero qué tratamiento académico se le dará a estos casos por parte de los administradores educativos?: profesores de este o aquel Departamento Didáctico, o departamentos didácticos enteros, cuyos profesores no hayan suscrito el PCyM en un Centro en el que el mismo ha sido aprobado. Jefes de Departamentos didácticos que no han suscrito el acuerdo-compromiso y que por lo tanto no tienen por qué incorporar los objetivos del Programa a la programación didáctica del Departamento. ¿Será esto compatible con la buena marcha del mismo? ¿Sí? Pues entonces se está reconociendo y hasta incentivando la posibilidad de que en un Centro de enseñanza cada cual marche por un lado y que los departamentos didácticos estén, de hecho, desintegrados. Y esto es incoherente con todo lo establecido en la LEA sobre materia de programación, de evaluación, de Plan de Centro, y de proyecto Educativo del mismo.

Es cierto que la posibilidad del que el profesorado sea incentivado por su contribución a la mejora del servicio que ofrece el centro en el que trabaja está contemplada en la LEA, y más concretamente en el Cap. II del Título I, dedicado ‘al profesorado’. Pero lo hace de una forma farragosa e inconcluyente. Dice así el artículo tal: “La Consejería competente en materia de educación podrá establecer incentivos económicos anuales para el profesorado de los centros públicos por la consecución de los objetivos educativos fijados por cada centro docente en su Plan de Centro, en relación con los rendimientos escolares, previamente acordados con la Administración educativa, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine”. Como se ve el artículo termina en un subjuntivo sobre el cual cae toda la carga significativa (difícilmente significativa) del artículo-texto, y esa expresión subjuntiva “de acuerdo con lo que a tales efectos se determine” remite nada menos que a un “acuerdo previo con la Administración educativa”. Ese acuerdo previo con la Administración educativa, cuando se estableció como condición, en diciembre de 2007 (aprobación de la LEA) no tenía cuerpo. El cuerpo, un cuerpo por cierto con más añadidos y remiendos que el que fabricara el doctor Frankestein, se lo han ido dando, además de unos borradores previos algunos de los cuales provocaron una verdadera conmoción en el colectivo (el del 1 de febrero de 2008), sucesivos añadidos y remiendos con los que, se supone, está ya lista la Orden por la que se intentaba regular el PCyM desde febrero de este año.

¿No está claro que la misma marcha forzada y jalonada de tropezones de esta Orden desde sus borradores hasta sus últimas concreciones denuncian una incoherencia interna de la misma y una incoherencia de la Orden y del PCyM con el actual ordenamiento educativo? No sería de extrañar que esto sea así ya que el actual ordenamiento, que descansa en última instancia en una Ley Orgánica de Educación (LOE, de mayo de 2007), se quiere fundamentar en un principio, el de la equidad, es decir, el de la igualdad promovida desde las leyes por los poderes públicos, que queda completamente transgredido por esta Orden desintegradora, promotora de la desigualdad efectiva, y desincentivadora. Esto es lo que establece el artículo 112 de la LOE sobre medios materiales y humanos: “Corresponde a las Administraciones educativas dotar a los centros públicos de los medios materiales y humanos necesarios para ofrecer una educación de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades en la educación”. Las altas autoridades educativas andaluzas no parecen ver contradicción entre este Programa de Calidad y Mejora y este artículo de la LOE, pero tal contradicción es más que evidente: no tiene las mismas oportunidades un alumno que ingresa en un Centro adscrito al Programa regulado por esta Orden, que otro que ingrese en un Centro que no lo esté. Y es que es seguro que al primero le irán las cosas mejor, al menos, sobre el papel de los boletines de calificación (no dispongo de espacio para presentar ése y otros muchos efectos bastante perversos del PCyM).

¿Y qué decir de la franca y manifiesta oposición de la mayoría del profesorado a esta Orden? ¿No visitan los escolarcas y los sindicalistas Pro-PCyM los foros sobre la ‘Ley de Incentivos' abiertos en Internet? Porque los hay a patadas, y a lo mejor no en todos se dicen insensateces propias de radicales y trasnochados. Recuérdese que esta oposición se expresó, entre otras formas, con una huelga de profesores el pasado 21 de mayo que tuvo una amplia repercusión en nuestro negocio a pesar de que los sindicatos mayoritarios no sólo no se sumaron a la convocatoria sino que se opusieron a la misma. ¿No está claro que ese 80 y ese 85 por ciento de centros de primaria y secundaria que no han suscrito este PCyM reflejan una oposición mayoritaria al mismo por parte de los que tendrían que ejecutarlo?

Esperamos más de uno y más de cien una última corrección a la Orden que regula el Programa de Calidad y Mejora: su retirada. Y no estaría mal que viniera acompañada por una retirada del personal que la ha gestado, promovido y avalado: una vuelta al aula y a la tiza le podría venir muy bien a más de uno y, aplicando cierta cuota de paridad inter sexos, a más de una también. Mas esta última propuesta no debe ser entendida como una afrenta para nadie; al fin y al cabo es en el aula en donde en una última instancia todas las iniciativas educativas han de tener su fin y su cumplimiento.

Desde el IES Salvador Rueda, de Málaga.

SOBRE EL PLAN DE MEJORA Y CALIDAD, Y SU INCONTESTABLE PARCIALIDAD

... antes de que el Plan de Mejora y Calidad de los Rendimientos Educativos se presentara a los Centros de enseñanza en Andalucía escribí este texto que aún puede encontrarse en distintos foros que se mantienen en la Red en oposición al mantenimiento del Plan.

Estando las cosas como están resultaría relativamente fácil jugar a la equidistancia y montar una reflexión cuyo tenor se situara entre el rechazo al Plan de Mejora y Calidad para los Centros de Enseñanza no universitaria (PMC), expresado desde diversas fuentes incluida la de la convocatoria de huelga para el día 21 de mayo (2008), y otras posiciones más o menos oficialistas, como la de CC OO, que expresan el convencimiento de que este Plan propuesto por la CEJA a sus centros dependientes es interesante, beneficioso, no sectario y, sobre todo, que va a suponer un aumento de la calidad y una evolución positiva en los rendimientos del trabajo docente. No es éste, empero, mi propósito. Mi propósito no es otro que el de ofrecer a los interesados materialmente en este debate (porque el debate existe, a pesar de que la intención de la Orden que promueve el PMC no era crearlo) unos referentes que pretendo objetivos y, si se me reconoce, profesionales y un tanto experimentados (llevo en este negocio desde el 81/82).
No pretendo, pues, rectificarle la plana a nadie. Las cosas están como están. Y al final —cuando esto acabe como tenga que acabar— estas mismas cosas persistirán en su ser y su estar: instituciones y sectores oficialistas, incluidos los sindicatos corresponsables de la propuesta, haciendo cómo si no comprendieran los motivos que a muchos profesionales de la enseñanza (la mayoría, seguramente) les ha llevado a decir que no a la propuesta, y los diversos sectores de los que proviene el No-Gracias hablando de agresiones a la dignidad del profesorado, de la perversión que supone achacar el fracaso educativo a los profesores y a su mal supuesto escaso interés por mejorar los rendimientos, de la inconsistencia que supone pensar que cuando se produzcan determinadas evoluciones en unos índices prefijados por la CEJA eso signifique una mejora real de la calidad educativa y de las ‘buenas prácticas docentes’, de la inconveniencia y hasta del carácter potencialmente insultante que tiene la inclusión en el Plan de una serie de variables o indicadores a tener en cuenta, como aquellas que expresarán en los protocolos de seguimiento del Plan ‘el grado de satisfacción de los alumnos y de las familias’ con el servicio, y otras afirmaciones más o menos afines, todas igualmente respetables a pesar de su manifiesta inconformidad con el Plan.

Así que, habiendo anunciado ya que mi propósito no es éste, me voy a limitar en esta reflexión a ensayar una relación no exhaustiva de consecuentes que, ponendo ponens, se seguirían de la afirmación del antecedente que paso a establecer: que el Plan de Mejora y Calidad no sea retirado por las autoridades educativas que lo concibieron y lo presentaron a los Centros después de una serie de ajustes y correcciones que supusieron en su momento retrasos en su presentación oficial (retrasos estos que ya fueron advertidos como una mala señal por algunos medios a los que no se les prestó demasiada atención).

1º.- Consecuencia: Si el Plan no se retira los mapas escolares de las provincias de la Comunidad se tintarán de dos colores, uno para los centros o los distritos escolares que han dicho sí a la propuesta de la CEJA, y otro para los que han dicho que no.
2º.- Los tantos por cientos que expresen esa bipolaridad expresarán también un grado de aceptación o de rechazo de los centros, de sus gestores y de sus principales agentes, los profesores, a algo más que a un Plan de Mejora y Calidad: expresarán su rechazo y su desacuerdo con el diagnóstico de un malestar que les afecta directamente (el malestar docente). Y, por añadidura, significarán también el rechazo de uno de los remedios más resolutivos ofrecidos por las autoridades para neutralizarlo: el de la percepción de incentivos económicos como contrapartida por conseguir lo que es percibido muy extendidamente no como unas medidas instrumentales eficaces para conseguir unas mejoras reales o materiales en la práctica docente, sino como un ardid tecnocratoide para forzar unas variaciones en unos indicadores estadísticos (los que expresan el fracaso del sistema en términos de tantos por ciento de alumnos que no aprueban las asignaturas, que no promocionan, que no coinciden en su nivel por edad, que no continúan sus estudios, que faltan a clase, que no ‘aprueban’ las pruebas de diagnóstico, que no asisten a las actividades extaescolares, que plantean problemas disciplinarios ….).
El hecho de que estos indicadores hayan sido preestablecidos como significativos por las mismas autoridades educativas en el contexto en el que lo han hecho —hay que leerse el Plan y sus anexos para entender esto— está teniendo otro efecto no buscado pero patente: está cuestionando la competencia de estas mismas autoridades, al menos en el terreno de la diagnosis de este malestar y del fracaso (relativo) del sistema, precisamente por haber ideado y propuesto este PMC rechazado por una parte importante de sus subordinados orgánicos (los que le han dicho No-Gracias al PMC: más de la mitad de la totalidad de los Centros, elevándose a más de un 70 por ciento en el caso de los centros de secundaria según los datos recabados por el sindicato opositor al PMC USTEA).
3º.- Otro consecuente inmediato y también bastante irrefutable de la no retirada de este PMC sería que la 'oferta educativa' de la CEJA a las familias va a ser diversa, aunque esta vez esa diversidad sea más bien indeseable: los padres o tutores legales de los alumnos, después de formalizar sus peticiones de plaza, serán remitidos a Centros que, o bien han manifestado su compromiso para procurar unas mejoras o bien han manifestado su no disposición para conseguirlas. Lo cual es claramente discriminatorio e, incluso, iría en contra del principio constitucional de igualdad de oportunidades, que es universal. A mi, como padre de un alumno en edad de estar obligatoriamente escolarizado, la verdad es que no me haría mucha gracia saber que los gestores y educadores del Centro al que tengo que enviar a mi hijo o tutorando no están por mejorar los rendimientos ni por conseguir una mejora en la calidad del servicio. ¿Tienen prevista las autoridades educativas la posibilidad de desviar las peticiones de matrícula de un Centro —los que no se han comprometido con mejorar— hacia los otros? Espero que no. Aunque no hay una solución buena para esta problemática, que se dará fatalmente como consecuente de la no retirada de este PMC.
4º.- La cuarta consecuencia que preveo como inevitable es que una vez proclamado el no compromiso de un Centro para incluirse en el programa correspondiente —el que se sigue de la aceptación del Plan— los profesores que ya estaban trabajando por conseguir mejoras reales, y que de hecho estaban implicados en planes de actuación que apuntaban en este sentido (unos oficiales o de la CEJA, y otros particulares establecidos desde el mismo Centro) estarán literal y fatalmente desincentivados, ya que han dicho que no a cobrar unos incentivos para seguir haciendo lo que ya hacían: procurar la mejora del servicio. Así pues, a partir de la aprobación de este Plan nos encontraremos —ya nos encontramos de hecho— con profesores que se esfuerzan por conseguir mejoras, aunque ahora oficialmente desincentivados. Lo cual es verdaderamente incalificable (en realidad es calificable, pero no lo vamos a hacer, por aquello de guardar las formas).
5º.- Otro efecto esquizoide del mantenimiento del Plan se dará o se está dando a notar en los medios internos de los centros creando desavenencias y desafecciones que antes no existían (porque no tenían por qué existir: no había lugar). Así, por ejemplo, en los Centros en los que no se han alcanzado los 2/3 necesarios para ser incluidos por las autoridades como centros adscritos al PMC pero cuya mayoría simple dijo que sí al mismo los profesores que se han significado en los órganos colegiados o en las conversaciones entre colegas como opuestos a aceptar el PMC son ahora tildados por sus compañeros como responsables de la 'mala situación' que se seguirá de esta no aceptación: ratios insufribles, escasas dotaciones, ausencia de profesores y personal de apoyo, y, sobre todo, la desincentivación económica del profesorado (unos siete mil euros menos, al cabo de tres años, que tampoco es moco de pava teniendo en cuenta los bajos niveles retributivos y la pérdida de poder adquisitivo que venimos padeciendo en este sector desde que Suárez dejó de gobernar).
6º.- Otro efecto bastante irremediable —considerando esta vez el caso de los Centros que han aceptado el PMC— será el que se seguirá de que la valoración de la calidad del trabajo de un profesor dependerá de una calificación que sobre el mismo haga un compañero suyo, el director del Centro. Y, en una posterior instancia, de la valoración que de las valoraciones del director haga el inspector de zona. Sobre esta minicadena de valoraciones subjetivas del trabajo de los profes planea la sombra de una Comisión de Evaluación, que suponemos Alta y que, a pesar de su altura, no sustrae tal juego de evaluaciones del defecto de parcialidad e interioridad: nos evaluamos a nosotros mismos desde las altas posiciones de una Comisión en la que se situarán personas de ‘reconocida competencia en materia de evaluación’ hasta las bajuras de unos centros de enseñanza en los que situados están —estamos— los que de nuestra competencia en materia de evaluación no se sigue el ascenso a ninguna Alta comisión.

Ninguno de estos seis consecuentes me parecen que expresen un avance en lo que respecta a la mejora de los rendimientos o en la calidad de los Centros de Enseñanza de nuestra Comunidad. Mas bien me parece lo contrario: cundirá de desincentivación de profesionales que ya han dado en términos generales mucho más que lo que se les paga, y que seguramente seguirán dándolo, cundirá la parcialidad y el sectarismo en los medios académicos, se producirá un enrarecimiento de los ambientes de trabajo, se les pondrá a los padres y tutores legales en una difícil e indeseable situación a la hora de elegir o de conformarse con los Centros designados por las autoridades educativas, y sobrecargaremos de tareas burocráticas a profesionales que no andan precisamente sobrados de tiempo ante las dificultades propias de sus cometidos académicos, ya bastante sobrecargados de protocolos y papeles diversos –anexos y más anexos…— en los que se pretende dar cumplida cuenta de los programas de interculturalidad, compensatoria, transversalidad, espacio de paz, bilingüismo, aulas TIC…

¿Pero es que de la aprobación de este PMC no se seguirá ninguna consecuencia positiva? Podrá preguntarse a esta altura el lector que hasta el momento me haya acompañado. Mi respuesta es sufridamente negativa (sufridamente porque los efectos negativos de la potencial ineficiencia del Plan he de sufrirlos como docente que soy). Creo que hay una equivocación de fondo en el diagnóstico del malestar o de los malestares que lastran nuestro sistema. Sistema que a la postre no se va a manifestar por sí mismo como mejor ni como peor que otros sistemas alternativos: son determinadas prácticas las que fallan, y puede que no todas haya que buscarlas en las bajuras del sistema, esto es, en los departamentos didácticos y en los profesores que los integran. Puede que algunas fallas haya que intentar buscarlas un poco más arriba (un poco más arriba de los cuadros y equipos que se integran en los Centros).

Y esta respuesta mía es también sufridamente negativa por la siguiente razón: no puede ser positiva una solución que es parcial pero que remite a la mejora de un servicio que es, o debe ser, universal. Ni siquiera en el caso en el que se haya previsto que, al final, la medida será buena para todos. No puedo calificar como buena ni como eficiente unas medidas que intentan corregir defectos parcialmente por un lado (los que vayan queriendo acogerse) y que remitan a un horizonte solamente probable por el otro (a lo mejor mañana quieren más). No, porque ya está asumido previamente –por su parcialidad e inconclusión— que no será una solución integral ni definitiva. Tampoco puedo dar como positiva una propuesta de cuya aceptación se seguirá que haya profesores que a pesar de estar ya empeñados personal y colegialmente en la consecución de la excelencia en el desempeño de sus funciones a partir de esta Orden-Plan se vean desincentivados. Esto no está nada, pero que nada bien.

Este Plan, en mi opinión, debe ser retirado cuanto antes. Dicho sea esto con todos los respetos y sin ánimo de cuestionar la legalidad —aunque sí la idoneidad— de los mecanismos que pueden explicar que en los despachos de la Consejería abunden técnicos y asesores que no han visto una tiza desde que Tejero entró en el Congreso pegando tiros o, tal vez, desde antes (o tal vez no la hayan visto más que de lejos en todas sus carreras ‘docentes’). ¿Que ha pasado ya el tiempo de la tiza? No sé, no sé. Yo la sigo gastando a diario. Y muy contento que estoy de tener más que ver con las pizarras y los desvencijados muebles que gasto en mi trabajo de modesto profe de secundaria que con los impecables despachos áulicos y los pasillos que dan a ellos. Cada uno en su sitio. Que sigan, pues, las autoridades haciendo lo posible por crear unas condiciones en las que pueda mejorarse el trabajo social que hacemos los profesores en los centros de enseñanza. Pero que la próxima vez lo hagan pensando en las posibilidades y las expectativas de todos y no solamente en las de aquellos que muestren conformidad con unas propuestas incontestablemente parciales: O todos o ninguno/ o todos o nada / uno solo no puede salvarse...