enseñar para qué


ENSEÑAR PARA QUÉ
Desde que los griegos de los siglos V y IV aC activaran su paideia (su educación para los que han de ser ciudadanos), y seguramente desde antes y en otros lugares a los que nuestra ciencia de la Historia no ha llegado, ha resultado socialmente conveniente que los que saben más, porque han acumulado más experiencias y han tenido más tiempo para reflexionar sobre ellas, se sitúen frente (o entre: mayéutica) los que tienen menos conocimientos, y hagan por poner a disposición de la sociedad tales conocimientos basados en esas experiencias y reflexiones. Eso ha sido y es enseñanza, educación, pedagogía, magisterio, docencia... Es una técnica (tekné), no es una ciencia (episteme). No va buscando la comprensión tanto como la acción y el aprovechamiento de unos recursos, en este caso los recursos y los capitales humanos. Hay desde entonces, desde los antiguos griegos, un debate sobre la justificación de aquella paideia: Enseñar, educar, impartir docencia... para qué. Responder de una forma o de otra define la pedagogía de la que se trate en cada caso. El que lleva este blog, profesor en activo de Secundaria, tiene el convencimiento de que lo suyo (lo mío) es enseñar para no resignarnos a este estado de cosas que nos anonada como personas humanas que somos. No es la razón la que gobierna el mundo. Y la enseñanza debería allanar el camino para que esto acabara sucediendo algún día en alguna parte, empezando, tal vez, por el mundo que nos pille más cerca.

martes, 25 de diciembre de 2012

El Programa de Mejora de la Calidad y Rendimientos ha sido suspendido. Y por el momento nada más.

En este mismo blog, acudiendo a la entradas tituladas SOBRE LA AZAROSA MARCHA DEL PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES (de 8 de marzo de 2009), y a la titulada VAN A RETIRAR Y A MEJORAR EL PROGRAMA DE MEJORA Y CALIDAD DE LOS RENDIMIENTOS EDUCATIVOS (10 de marzo de 2010), se encontrarán suficientes 'pruebas' de que la retirada de este plan segregador, torpe y perjudicial para la buena marcha del negocio educacional en Andalucía a todos los niveles que se quieran considerar desde el escolar-Centros hasta el escolar-Autonómico, ha sido una meta personal para el profesor que mantiene este blog. Es, desde luego, una buena noticia para todos (a pie de esta página incluimos un vínculo que lleva a la única página de la Consejería que se ha hecho hasta el momento eco de la eliminación del Plan).
 
Que haya sido una sentencia del Supremo confirmando la nulidad de la casación presentada por la Junta contra una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía declarando nula la Orden por la que se promulgaba el Programa, y por unos motivos más bien anodinos y de menor calado jurídico el de la no conformidad legal con la aprobación de la inclusión de los Centros en el Plan por parte de los Claustros, y no por el Consejo Escolar, y que no haya sido por la consideración del carácter restrictivo, segregador y anticonstitucional de la Orden [ver las entradas anteriormente referidas en este mismo blog], no resta efectividad a la Sentencia del Supremo ni minusvalora el hecho incontrovertible de que la Junta y la Consejería de Educación han decidido ¡por fin! no reconocer el error (eso sería demasiado: equivocarse y reconocer errores no es propio del plantel funcionarial y de asesoramiento de la Consejería) pero sí retirar el Plan y mandarlo a tomar viento a la Farola, como decimos en Málaga cuando queremos ponernos finos (cuando no queremos ponernos tan finos decimos 'mandarlo a tomar por saco'). ¿Habrá responsables que paguen con sus ceses por este desafuero que tanto dinero ha costado ya y que tantos problemas va a traer desactivar? Al menos que los cerebrillos que concibieron este Plan y sus posteriores remiendos sean apartados de esas posiciones desde las que actuaron y desde las cuales podrían volver a entorpecer la marcha de los Centros, al menos esto, debería ocurrir ipso facto. Claro que para esto ocurriera, lo mismo sería la Consejera la primera que tendría que ser cesada por el Presidente de la Junta de Andalucía, ya que doña Mar Moreno ha estado directamente implicada en el mantenimiento y en la imposible mejora de este impeorable plan desde abril del 2009 a marzo de 2010. Pero que doña Mar sea cesada por don Manuel Chaves es algo que para muchos resultará tan increíble como aquello del fin del mundo en diciembre de 2012, que ahora resulta que no predijo ningún augurio maya.
 
La aprobación, el mantenimiento, y el posterior parcheo de este malhadado Plan ha constituido el mayor fracaso en materia de gestión de lo educacional en nuestra Comunidad Autónoma. Un fracaso que, además, no solamente lo es en cuanto a su provisión y ensamblaje normativo, sino que también se ha manifestado como tal en relación a los objetivos que reconocía como propios. Un fracaso que ha sido seguido y presenciado por otras Comunidades, que han tomado el Plan por antimodelo, y por diversos medios interesados en el negocio educacional, que han hecho lo propio, esto es, que lo han significado como 'un mal Plan', como un pésimo Plan diríamos. Que al margen de los ceses que no se producirán, o que sí se producirán cuando los implicados tengan asegurados sus siguientes nombramientos esto sirva a todos de lección. No es por ese camino de restricciones y segregaciones, y magnificación del becerro de oro productivista y 'outputista' (Wert: lo que importa son los rendimientos, y no los capitales sociales y materiales que puedan invertirse en la acción educacional), ni por ese camino antidemocrático que minusvalora y desnaturaliza las funciones de los órganos colegiados y reduce a su mínima expresión el papel de profesores y alumnos en los Centros (Wert: la educación nunca ha sido un proceso democrático, sino jerárquico, y por eso la gestión de los Centros no tiene por qué ser democrática) por donde hay que transitar si la meta es la consecución de una Escuela pública de verdadera calidad social.
 
Tenemos unos Centros sometidos a presiones materiales y acontecimentales de muy distinta naturaleza. Los Centros que reciben emigrantes y que tienen problemas para incluir a estos usuarios de pleno derecho del servicio educacional en los mismos están ya muy cerca de ser sobrepasados por las exigencias que plantea esta situación, que está muy lejos de remitir en aquellas geografías escolares materialmente interesadas por estas situaciones (situaciones estas que podrían y deberían ser aprovechadas para ensayar otras vías y modelos de escolarización); los Centros TIC se están viendo perjudicados por la reducción de partidas para el mantenimiento de los parques informáticos; los experimentos bilingüísticos no acaban de convencer a los propios profesores implicados (los mismos profesores de los Departamentos de Lengua y de Idiomas); las amenazas antisociales que se perciben desde la LOMCE no se ven correspondidas por una decidida reacción desde los poderes autonómicos andaluces (al fin y al cabo Andalucía se ha afirmado como una avanzadilla de la LOMCE, según hemos defendido en otra entrada de este mismo Blog); la actual normativa que regula la organización y el funcionamiento de los Centros, desde los Decretos 327 y 328, de 2010, está facilitando y promoviendo situaciones de pasividad e incompetencia en las directivas de no pocos Centros, ya que los directores solo tienen que rendir cuentas antes su superiores orgánicos, y no ante las sociedades educativas que gestionan. Por si fuera poco, y sin dejar la cuestión de la calidad, AENOR, una empresa de certificación y normalización de productos para el libre mercado (que certifica las calidades en concesionarios de automóviless, fábricas de muebles, embutidos...) sigue siendo la encargada de certificar, fraudulentamente, la calidad de los Centros.
 
La eliminación de este impeorable Plan de Mejora supondrá la liberación de las partidas presupuestarias destinadas a mantenerlo. Puede suponer también debe suponerlo un cambio en cuanto a la adopción de estrategias y a la revisión de principios y postulados políticos. Recibimos esta noticia como una señal de progreso hacia lo social en materia educacional (al fin y al cabo se va a eliminar un Plan que era segregador y restrictivo desde sus mismas líneas de postulación y normatividad). Qué más podemos decir. Que menos Wert y menos Eric A. Hanushek, y más Paulo Freire.
 
Ánimo, compañeros. Ánimo, y compromiso con la Escuela pública. Que es de todos y para todos.
 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/GabinetePrensa/Notas_de_prensa/2012/Diciembre/nota_prensa_211212_ProgramaCalidad&vismenu=0%2c0%2c1%2c1%2c1%2c1%2c0%2c0%2c0

Más reciente (20 de diciembre):
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-educacion-comunica-sindicatos-renuncia-actual-plan-calidad-dejara-centros-adscritos-terminen-20121220194012.html

lunes, 10 de diciembre de 2012

Sentencia del Tribunal Supremo rechazando casación presentada por el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía contra el fallo del Tribunal Superior de Andalucía que declaraba no coforme a derecho la Orden sobre Mejora de Calidad y Rendimientos en lo Centros dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía



Por el momento solamente quiero dejar constancia de la Sentencia e introducir los vínculos para los que quieran conocer la noticia por Europa-Press-Andalucía. En cuanto disponga de tiempo en cuanto pasen las evaluaciones intentaré entrar en detalles. No obstante y antes de hacer tal cosa quisiera hacerme eco de unas reflexiones de algunos compañeros de Marea Verde, movimiento asambleario del que formo parte (como testimonia la foto de arriba: un servidor es el de la camiseta verde), que han observado que con la partida presupuestaria que se destina el curso actual al mantenimiento de este Programa podrían haberse reducido sensiblemente o incluso multiplicado por cero el número de despidos de profesores en Primaria y Secundaria en Andalucía.

¿Qué van a hacer nuestras autoridades ante este nuevo escenario? ¿Van a seguir incrementando el número de órdenes con las que han intentado corregir en repetidas ocasiones las graves deficiencias de las que adolece aquella insostenible Orden de 20 de febrero de 2008? ¿Van a esperar a que algún otro medio denuncie otras deficiencias, que las tiene, de aquella mal dada y malhadada Orden? ¿Qué es lo que esperan para reconocer el fiasco y retirar la Orden repugnada? ¿Que los sindicatos que en su momento la apoyaron pronuncien su 'placet'? Estamos aviados, si así fuera.

Las leyes y las sentencias están para cumplirlas, y no para ver cómo hacemos para sortearlas y mantenernos en posiciones ya reconocidas y sancionadas como insostenibles. A veces las autoridades se equivocan. Con este tema se han equivocado palmariamente desde el momento en el que se promulgó la Orden,  y varias veces consecutivas. Y han cometido errores aún más graves que los denunciados y sancionados: el de aprobar una Orden cuya aplicación es restrictiva desde el punto de vista de los usuarios del servicio, como hemos puesto de manifiesto en otros apartados de este mismo blog. NO ESTARÍA MAL QUE ASÍ SE RECONOCIERA Y PASÁRAMOS PÁGINA.

Porque con esta Orden, que tanto gustaría al ministro españolizador Wert si la conociera, la calidad de la Enseñanza -de la Escuela en Andalucía no mejorará ni poco ni mucho-; y con esta misma Orden tantas veces remendada los rendimientos educativos ... qué decir de los 'rendimientos' educativos. A estos asuntos de inputs-outputs ya le hemos dedicado tiempo y espacio en otros espacios de este mismo blog (véase nuestra entrada El proyecto Wert contra derechos y libertades:
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6005506936992085437#editor/target=post;postID=3758518245301422236).

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ts-declara-firme-anulacion-plan-calidad-preveia-incentivos-7000-euros-docentes-20121206104917.html

http://www.buscaoposiciones.com/foro/Oposiciones-Junta-de-Andalucia-fmen-1038637-5633858.htm

miércoles, 7 de noviembre de 2012

El proyecto Wert contra derechos y libertades.

El proyecto del ministro de Educación J. I. Wert apunta hacia la neutralización de una escuela que quiso ser social e integradora —objetivo este cuya amplia consecución se presentaba como característica del Sistema Educativo (SE) español en el informe PISA-2009, de la OCDE— y hacia la promoción de un modelo de escuela competitiva, ventajista y desintegradora. Que así se proclama y expresa, y con una claridad meridiana, desde la primera línea del Anteproyecto de Ley para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE). Modelo de escuela este que tal Anteproyecto presenta como un agente propiciatorio y efectivo para la superación de la crisis económica y social (y moral y política, aunque estos aspectos no son tratados en el anteproyecto) que nos atenaza. La misma crisis, dicho sea de paso, que tanto daño está haciendo en otros países de la UNIÓN EUROPEA (UE), Alemania incluible, y que no creemos, ni nadie cree en su sano juicio, que pueda ser superada con una reforma en las políticas educativas de aquellos países que la sufren con más virulencia, ni tampoco con la concreción de una política educativa común (objetivo este tan excelente como lejano para la UE). Mucho más sensato parece considerar que para superar esta crisis ya más europea que internacional será condición necesaria la adopción de una política fiscal y financiera que anule la posibilidad de la especulación con los déficits públicos a escala internacional y, paralelamente, la adopción de unas políticas económicas y sociales que promuevan la racionalización de la producción —a lo mejor no se trata de producir ‘más’ sino de producir desde otros referentes— y la mejor provisión y circulación de los capitales. Sin embargo tras una lectura de este anteproyecto para la séptima reforma de la Educación (desde la Constitución) da la impresión de que este equipo de werts ha trabajado y producido sus decretales con la idea de que España va a poder salir de esta crisis financiera y fiscal antes que Grecia o Irlanda o Italia o Chipre o Portugal o(en la lista puede aparecer el nombre de Alemania) gracias a este nueva forma de concebir y ejecutar este servicio público fundamental, que lo es, el de la Educación.

Por esta razón, por la asunción expresa de tales objetivos de alcance, este proyecto además de presentarse, y poder ser así calificado, como ambicioso o como ‘un gran proyecto’, también puede ser calificado como megalómano e incosecuente, ya que parte de la suposición-fundamento de que es la Escuela la que debe crear condiciones para superar la actual crisis, cuando la Escuela, y sobre todo en sus niveles preuniversitarios, ha de cumplir una función bien distinta: Ha de promover la formación integral de los ciudadanos, y ha de ejercer esa función tendiendo a la universalización y a la integración de las acciones institucionales que hacen posible esa acción formativa. En este sentido cabe decir que, partiendo de unas premisas mínimamente sociales (afectas a la existencia de una escuela pública), la rentabilidad de la Escuela no puede referirse ni medirse en los mismos términos, ni debe insertarse en los mismos rankings, que las empresas de producción de bienes o de servicios, en los que los niveles de rentabilidad son mensurables en euros o en disponibilidades materiales de recursos y capitales. No, definitivamente, esto no debe ser así. No tiene por qué serlo. Estamos hablando de colegios públicos y de institutos de enseñanza, y no de fábricas de consumibles. Por eso pone los pelos de punta, y repugna grandemente, leer en la presentación del Anteproyecto LOMCE afirmaciones como las siguientes: “El principal objetivo de esta reforma es mejorar la calidad educativa, partiendo de la premisa de que la calidad educativa debe medirse en función del "output" (resultados de los estudiantes) y no del "input" (niveles de inversión, número de profesores, número de centros, etc.)”. Afirmaciones que se hacen en la misma página-preámbulo en la que se propone la siguiente definición de lo que es —de lo que debe ser según este equipo que encabeza Wert— la educación: “La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país; su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro”. En el preámbulo de la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE), vigente desde mayo de 2006, la definición que se propone de la educación, sin dejar de referirse a aspectos prácticos como el de producción de bienes o el aumento de la riqueza, es palmariamente distinta: “la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación”. Por otra parte, en el apartado de ‘Fines’ de la misma Ley (Cap. I del Título preliminar) se afirma, en el apartado k del art. 2 del mencionado cap. I, que constituye una finalidad expresa de la misma Ley (LOE)La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento”.

Creemos socialmente conveniente y necesario, y al margen de cualquier actitud partidaria por legítimas que estas puedan reclamarse, cerrar filas por la defensa de estas premisas y de los principios morales y políticos que la sustentan. Principios estos que devienen directamente de una tradición ilustrada, progresista y socialmente integradora, sobre los que se sostienen, desde la Didactica Magna de Jan Amos Comenius, de 1638 (Docet omnia omnes: Enseña todo a todos), los pilares que mantienen ese magno edificio pedagógico a cuyo sostenimiento los países de la UE destinan ahora, en esta crítica situación por la que atraviesan, alrededor de un 5 % de su PIB  (España en 2009 superó levemente el 5,1 %, solo a ocho décimas de la media europea, pero ahora se apunta hacia el 3,9 para el 2015). En este edificio grande que podría exhibir en su entrada el rótulo de ESCUELA SOCIAL EUROPEA (PRIMARIA, SECUNDARIA, TERCIARIA), en el que se integran colegios, institutos y universidades públicas y diversas instituciones concertadas (lo concertado no excluye la función pública del instituto financiado con caudales públicos) de consolidado prestigio, se ha venido acogiendo y atendiendo hasta el momento, también en las dependencias españolas y con un nivel más que aceptable de integración, a un amplísimo contingente de ciudadanos y formaciones sociales. Y en muchos casos se les ha dado un buen servicio. Tan bueno como el de hacer posible la promoción de ciudadanos procedentes de medios sociales deprimidos o con escasas posibilidades de promoción a altas o muy altas titulaciones y cualificaciones. Ciudadanos como este que escribe estas líneas, hijo de un excombatiente represaliado sin apenas formación escolar y de una posición económica más bien modesta, doctor en su especialidad y hermano de otro doctor en la suya (y eso que uno de los dos, el que escribe estas líneas, no brilló en su etapa preuniversitaria). Los mismos ciudadanos que se han beneficiado de unos servicios socio-educacionales de calidad (de una calidad social tan manifiesta como mejorable: informe PISA 2009). Sujetos y formaciones estos —ciudadanía en definitiva— que, desde las figuras y postulados excluyentes, segregadores, ventajistas y mercantilistas que introduce y sostiene el equipo Wert en su malhadado anteproyecto basado en la ‘rendición de cuentas’, en la exaltación del ‘output’, y en la jerarquización del SE quedarían excluidos de ese pacto social integrador que ha constituido, hasta el momento, la base de nuestro SE. Lo cual será una desgracia. Por eso deseamos su fracaso, y por él trabajaremos.

Mas este plan, el plan Wert para la desintegración efectiva de nuestro SE, presentado como un Anteproyecto de Ley Orgánica el pasado día 21 de septiembre a la opinión pública y elevado ya —así lo suponemos: es el trámite— a las altas instituciones que han de informarlo (entre otras: Conferencia Sectorial de Educación, Conferencia General de Política Universitaria, Consejo de Universidades, Consejo Escolar del Estado, el Consejo de Estado) no podrá ponerse empero en ejecución hasta pasados unos años: Los necesarios para que el Anteproyecto pase a ser Ley Orgánica y para que, una vez superado este trámite, que previsiblemente tendrá lugar durante el presente año escolar, el 12/13, y al tiempo que los nuevos contenidos comiencen a implantarse —decretos de desarrollo mediantes— en los primeros tramos de los nuevos segmentos curriculares diseñados y a diseñar, se consiga completar tales segmentos desde sus tramos iniciales a los finales, cosa que ocurrirá —si no hay decretos que aceleren más el proceso— a la altura del curso 2016-2017 (este sería el año I para la LOMCE según nuestra previsión).

Mas antes de llegar a este último tramo y primer año de vigencia efectiva de esta reaccionaria LOMCE, a este equipo de pedagogos nacionalcatólicos dirigidos por Wert le urgía —por lo visto— eliminar de las normativas vigentes en materia de Educación lo que más parecía molestarle al PP y a sus valedores y predicadores morales —Conferencia Episcopal de la Católica Iglesia, penitentes del Opus Dei, meritorios de la FAES, CONCAPA y otros medios de la estela del nacional-catolicismo (en los que no se integran diversidad de sociedades y comunidades cristianas de base que ya se han manifestado en contra del anteproyecto) …—, y esto no es otra cosa que la pervivencia, mientras dure este proceso, de una materia, la Educación para la Ciudadanía, establecida curricularmente como una Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en Primaria (como una ‘área de conocimientos’ a desarrollar en el tercer ciclo) y como dos asignaturas en Secundaria, la Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos, y la Educación Ético-cívica respectivamente. Otros objetivos de mayor alcance, como el de ‘españolizar a los niños catalanes’, proclamado por el ministro y registrado en las actas del Congreso de Diputados (sesión del de octubre), o el de sostener un modelo de escuela reconocidamente ‘antidemocrático’, defendido en sus escritos y performances (CAMPUS-FAES, NAVACERRADA 2010), parecen apuntar a un horizonte un poco más alejado: lo que urge para hoy mismo y para este mismo curso escolar, según este equipo ministerial y otras voces nacionalcatólicas del gobierno presidido por Mariano Rajoy, es evitar la campaña de ‘ideologización doctrinaria’ que los alumnos de primaria y secundaria han venido sufriendo desde 2006/2007 hasta el día de hoy.

Por esta razón que constituye un verdadero delirio institucional, ya que en las plantillas de docentes de primaria y secundaria no hay más profesionales de la ideologización que los profesores de religión (ese es su trabajo, y esa su noble aunque mal ubicada dedicación), Wert y su staff de cercenadores, en la suposicición errada de que neutralizar con un Decreto (el RD 1190/2012) algunos de los contenidos establecidos en los Decretos de desarrollo de la LOE (los ya citados RD 1513/2006 y el RD 1631/2006), suponía eliminar de hecho la posibilidad de impartir docencia desde los contenidos y objetivos establecidos para estas materias desde la LOE, se han aplicado a una tarea de tala tan inútil como ridícula. Tarea esta cuyo resultado delirante y estrafalario donde los haya es el texto íntegro de este RD 1190/2012, el Decreto-Wert contra la Educación para la ciudadanía (así es presentado por el mismo gobierno en su nota del 3 de agosto, como puede comprobarse en la correspondiente página web).

La inutilidad de tal tarea de producción decretal estriba en que para conseguir su primer y único propósito, que no es otro que el de eliminar completamente y desde este mismo curso escolar 2012-2013, las referencias a esta materia-principio pedagógico, aquellos que informan la Educación para la Ciudadanía, de los preceptos pedagógicos que informan nuestro contexto educacional en la actualidad lo que tendrían que eliminar, de golpe y porrazo, es la práctica totalidad de la LOE desde su mismo preámbulo y desde otros apartados que informan tanto de la misma LOE, completamente impregnada de este principio pedagógico y moral, como la totalidad de los dos decretos de desarrollo de objetivos y contenidos, esos mismos que Wert puede suponer ya, en su reaccionario delirio, eliminados para siempre. Ya que esta LOE, que no dejará de estar vigente en los países españoles hasta que no se haya aprobado otra ley orgánica que regule la educación íntegramente y desde unos principios opuestos a las recomendaciones de las instituciones europeas[1] ha situado desde su preámbulo la preocupación por la Educación para la Ciudadanía en un lugar muy destacado del conjunto de las actividades educativas, y ha promovido, como no podría ser de otra forma después de seis años de vigencia, la actualización de este principio que informa los proyectos educativos de no pocos centros de enseñanza de las 17 CCAA españolas y de no pocas legislaciones específicas que se han dado estas mismas Comunidades. Igual y reaccionariamente, tendrían que actuar con los Decretos que la han desarrollado, como los anteriormente nombrados que establecían, y establecen, contenidos mínimos para Primaria y Secundaria; es decir, tendrían que sustituirlos integralmente por otros, y no parcial y chapuceramente como han hecho. Por otra parte tendrán que proceder a desmantelar aquellas otras leyes o disposiciones autonómicas que, como la LEA en Andalucía, no han tenido otro referente de fundamentación, tanto en lo pedagógico como en lo académico-administrativo que la no extinta LOE.

            Pero esta tarea, la de extirpar los principios morales y pedagógicos que informan la LOE y sus decretos de desarrollo para conseguir que tales principios dejen de informar programaciones y prácticas educacionales, deviene en una tarea imposible, como ya se habrán percatado —si es que se han percatado— los asesores y técnicos que tan malamente están coadyuvando a este incompetente ministro, mientras se mantengan en pie los principios que informan y determinan el carácter propio, que lo tiene, de la LOE. Y es así que mientras los Centros de enseñanza puedan acogerse y mantengan el principio de autonomía pedagógica, que está sancionado expresamente en la LOE en distintos apartados (Preámbulo, Título Preliminar, Cap. I, art. 1 y 2; Cap. III, art. 4; y más específicamente, del Título V, el Cap. II, dedicado en toda su extensión a la Autonomía de los Centros: art. 120 al 125), y mientras que este mismo principio esté reforzado por leyes de ámbito autonómico, como así ocurre en Andalucía con la LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA (LEA), la cual dedica la totalidad del Capítulo I del Título IV, a la ‘Autonomía pedagógica, organizativa y de gestión’ de los Centros (y como también ocurre, desde sus respectivas Leyes, en Cantabria-2008, Euskadi-1993, Cataluña-2009, Extremadura-2011; mientras que en otras comunidades, como la valenciana, rigen decretos, como el 111/2007 que en su art. 12 reconoce y sanciona la autonomía pedagógica de los Centros) va a resultarle muy difícil a este equipo Wert Anticiudadanía ver satisfecho su anhelo de que en las geografías docentes de los países de España no se trate ni se imparta en clase a propósito de

·         la autonomía y la identidad (de los alumnos como personas y ciudadanos),
·         el reconocimiento de las emociones propias y de las demás personas;
·         la dignidad de todas las personas y el respeto al otro aunque mantenga opiniones y creencias distintas a las propias;
·         las distintas formas de abordar la convivencia y el conflicto en los grupos de pertenencia (familia, centro escolar, amigos, localidad);
·         la diversidad (incluida la de la diversidad en los modelos y prácticas familiares), rechazando la discriminación y valorando la participación y sus cauces;
·         el respeto de las diferencias, el rechazo a la violencia en las relaciones humanas, y en particular a la violencia de género,
·         la aceptación del principio del respeto a la dignidad de toda persona como elemento básico que posibilita la convivencia;
·         el estudio de los factores de discriminación de distintos colectivos,
·         el análisis de las causas y factores responsables de la discriminación de las mujeres,
·         su valoración (de esa discriminación) desde los principios de la dignidad de la persona y la igualdad en libertad
(contenidos y/o objetivos estos, y entre otros conniventes con estos, eliminados, minimizados o desvirtuados en el Decreto Wert contra la Educación para la Ciudadanía).

            Y es así que muy difícil, si no imposible, le va a resultar a este ministerio integrista, ultraneoconservador y cercenador de derechos y libertades (el derecho de beneficiarnos el conjunto de los ciudadanos de una acción educativa social y potencialmente integradora, y la libertad de impartir docencia al margen de presiones partidarias y eclesiales) … muy difícil de conseguir va a resultarle a este ministerio, decíamos, que aquellos docentes que mantenemos y mantendremos estas prioridades educacionales ahora puestas en entredicho y perjudicadas (las que alientan el espíritu crítico; favorecen el diálogo; promueven el respeto por el que no piensa lo mismo que yo; asisten en el aprendizaje de la expresión del disenso; atienden a las marginaciones, sus tipos y sus causas; invitan a descubrir y rechazar el machismo, el racismo y la xenofobia en nuestros propios medios; y animan a practicar la tolerancia relativa…), y más allá de todas las reaccionarias organicidades que imponernos pretendan, no aprovechemos los cursos escolares que aún nos queden de actividad antes y después de la LOMCE y los espacios de los que disponemos, incluidas las aulas y las actuaciones frente a padres e instituciones, para denunciar esta artera y reaccionaria maniobra del equipo Wert y la faz ventajista, segregacionista y antisocial que inspiran tanto el Real Decreto 1190/2012, el Decreto Wert contra la Educación para la Ciudadanía, como el Anteproyecto de su indeseable y ya por Tantos medios repugnada LOMCE.

Enrique A. Conesa.

Profesor ES. IES Ibn al-Baytar, de Benalmádena.


[1] A la Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros de la Unión Europea sobre la educación para la ciudadanía democrática adoptada por el Comité de Ministros el 16 de octubre de 2002, en la 812.ª reunión de los Delegados de los Ministros [Rec (2002)12] (en el preámbulo en varias ocasiones, y en el Título VI art. 140-1e que interesa a las finalidades de la evaluación en el Sistema Educativo), y a la siguiente Recomendación del Parlamento y del Consejo de Europa, de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente.

martes, 6 de noviembre de 2012

La escuela en Andalucía (desde 2008), avanzadilla de la escuela Wert.

Como es público y notorio hay un proyecto para la educación que habrá de actualizarse en los países de España en un futuro inmediato, si una fuerza mayor, o menor, no lo remedia. Y tal proyecto depende del empeño que tiene este señor, don José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte, en convertir la enseñanza, la educación, la escuelaen un negocio. En un negogio productivo, competitivo, exitoso y crematístico. Su Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), que ya estará siendo informado por altas instituciones del Estado, se abre con una sucinta y clarísima declaración de lo que este ministro, integrista liberal y ultraneoconservador donde los pueda haber, entiende que es o ha de ser la educación. Dice así: “La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país”. La propuesta de definición, que él presenta como una definición conseguida y acabada, es más larga, pero tampoco queremos amargarle a nadie la jornada reproduciéndola entera. Ya saben ustedes que en Internet está todo. Los docentes que llevamos en esto más tiempo —yo llevo ya para 33 años: 5 leyes orgánicas, y una ley autonómica— nos hemos quedado a cuadros: no habremos sido pocos los que acabamos de descubrir que hemos estado toda nuestra vida profesional haciéndolo fatal: intentando educar y formar a nuestros alumnos, y dando la espalda olímpicamente al fomento de la competitividad de la economía. Con razón están así los países de España. Eso sí, a él, a Wert, nadie podrá acusarle de no explicarse. No muchas líneas más allá de esta declaración, e inspirándose en los postulados de Eric A. Hanushek, un influyente pedagogo de la Hoover Foundation (ligada a la Universidad de Standford, y a los círculos mas conservadores del republicanismo USA) puede leerse lo siguiente: “ la calidad educativa debe medirse en función del "output" (resultados de los estudiantes) y no del "input" (niveles de inversión, número de profesores, número de centros, etc.)”. Lo dicho, explicarse se explica.

            Hombre, habiéndonos leído, como así hemos hecho, y no sin zozobra, los contenidos de algunos de sus escritos cercanos al tema de la educación, entre ellos el estomagante, aunque en ocasiones bien documentado, Los españoles ante el cambio (FAES, 2012), en el que Wert expresa su convencimiento de que los centros ‘gestionados públicamente’ son los mayores responsables de la deriva y la pérdida de valores morales que, según él mismo, caracterizan en estos momentos a nuestras sociedades; habiéndonos indignado ante su no menos, sino más, estogante powerpoint La sociedad española ante la agenda de reformas (FAES, 2010), panfleto reaccionario presentado como una reflexión sociológico-política en el que puede leerse que en la Ecuela española —y de ahí su fracaso— se ha mantenido unConcepto abusivo e invasivo de Comunidad Escolar, así como la Idea de co-gobierno (padres, alumnos, docentes, no docentes)… pero, añade, La Comunidad educativa no puede ser una Comunidad democrática, porque el proceso educativo no es democrático); y habiéndonos dejado asaltar por su istrionismo parlamentario (nuestro prohombre tiene cosas mucho más graves que aquella pifia de catalanizar a los vascos, perdón, de vasquizar a los extremeños, perdón, de españolizar a los catalanes: en una comparecencia parlamentaria al frente de la Comisión de Educación que tuvo lugar en febrero de este 2012 soltó aquello de que a los Centros de Educación españoles de Ceuta y Melilla acudía población ‘básicamente marroquí’ a beneficiarse de nuestras prestaciones educativas..!); y habiéndonos empapado, en suma, de estadoctrina Wert-Hanushek sobre lo que le Educación debe ser, frente a lo que es hoy en España, estamos en condiciones de afirmar que el postulado de promover una educación pública, social, diversa, autónomamente gestionada -en lo administrativo y en lo más puramente académico- desde los Centros y orientada hacia lo formativo de manera preeminente está ya a punto de caer, efectivamente, en España y sus autonomías.  Igualmente, y habiendo hecho, como lo hemos hecho, este ejercico previo de investigación a propósito de quién es este quién llamado José Ignacio Wert, que algunos ya conocían por sus dotes de tertuliano, estamos ya preparados para cualquier desastrosa y antisocial contingencia que pueda sobrevenir a la posible aprobación de este anteproyecto-LOMCE suyo, y de su posterior conversión en ley orgánica, aprobado de las Cortes y sanción real mediantes.

            Anteproyecto de ley este en el que se nos amenaza a docentes y centros de enseñanza con unas ‘rendiciones de cuentas’ que otras leyes de desarrollo habrán de sustanciar no queremos imaginarnos en qué términos. Rendiciones de cuentas que no tendrán que atender a la descapitalización humana y material de los institutos docentes (a los muy decrecientes inputs), sino solamente a los certificados y diplomas que estemos dispuesto a fabricar en serie (a los outputs, que han de ser crecientes) para que las estadísticas de la OCDE, de la UNESCO y del BM dejen de decir lo que dicen obstinadamente: Que nuestro ya bastante descapitalizado sistema educativo, después del volver a un raquítico 4,3 % del PIB de inversión, es decir al nivel de 2007, comienza a dar señales de dirigirse hacia el fracaso más total, y más injusto (porque invertirse se ha invertido, oiga: capitales y empeños, y muchas horas de trabajo de mucha gente entregada).

            Claro que para superar este lamentable estado de cosas es para lo que Wert dice haber pergeñado y presentado esta LOMCE cuyos dos pilares son la estructuración de un sistema educativo jerárquico y gestionado verticalmente en lo administrativo y en lo académico (mucho director y mucho inspector; poco consejo escolar, poco claustro de profesores, poco departamento didáctico, y poco de otros instrumentos de cogestión), y en el muy liberal principio de que la educación es una inversión de capitales y que, por lo tanto, solamente puede justificarse en función de unos rendimientos mensurables en términos de mercado (razón por la cual es de esperar un aumento de inversiones en la escuela privada, a la que él exalta frecuentemente en sus escritos y conferencias). Lo cual es una desgracia social.


No obstante nuestra sincera refracción hacia este plan-Wert, que no conseguimos ver más que como una apisonadora que creará, si llega a su terminus, mucha marginación y más depresión en la sociedad, quisiéramos facilitarle un poco su tarea a fin de que se dé cuenta de que tal plan no es tan suyo como a lo mejor se creía, y de que cuenta además con un antecedente práctico que talvez pueda servirle para reconsiderar su postura, retirar su malhadado anteproyecto, y dedicarse a otro negocio. 

Verá usted, señor ministro, en Andalucía se aprobaron en el verano del 2010 un par de Decretos, el 327 y el 328, que introdujeron una parte considerable de sus propuestas antidemocráticas o jerarquizantes en la gestión de los Centros, reforzando con tales decretos la figura del Director, reduciendo las atribuciones de los Claustros de Profesores y de los Consejos Escolares, y convirtiendo los órganos de coordinación docente en apéndices de una planificación pedagógica en la que los Departamentos Didácticos sólo intervienen tangencialmente y en aspectos poco determinantes. En su momento estos decretos fueron contestados por sindicatos y medios interesados en la enseñanza, pero finalmente se aprobaron tras un informe-dictamen favorable del Consejo Escolar de Andalucía. Informe este que fue finalmente acatado-admitido por unos sindicatos (CCOO, ANPE) y contestado y rechazado por otros (USTEA y FETE-UGT, entre otros). Dos años atrás, en el 2008, habíase dictado una Orden con la que se activaba un ‘Programa para la mejora de la calidad y de los rendimientos escolares’ (no me diga que no le suena bien), que fue igualmente contestada y rechazada por diversos medios cercanos al ámbito educacional en todas las provincias andaluzas (consintieron adherirse a este Plan una minoría de Centros en toda Andalucía, sobre todo de Primaria); que ha tenido que ser corregida no sé cuántas veces (y ahora se anuncia otra); y que en esencia se basa en su querida figura de la ‘rendición de cuentas’ de los centros y los docentes: Si producís los suficientes títulos, si conseguís que suban las medias de las calificaciones, y se mejora en determinadas partidas (menos repetidores, menos bajas en edad escolar, menos faltas, más contentura de padres…), estaréis mejor considerados y mejor dotados, Centros, y cobraréis algo más, docentes. Por si fuera poco y para más inri existe en Andalucía una red de centros docentes, que figuran en un listado de colegios e institutos de secundaria auditados por la empresa de homologación y certificación AENOR, que han de rendir cuentas de sus rendimientos y actuaciones (homologadas, normalizadas, calibradas…) ante estos gestores externos para obtener sus certificados de calidad. Pues bien, he de darle, señor ministro, la mala noticia de que los efectos de estas medidas y disposiciones legales están lejos de constituir un éxito en nuestra Comunidad a cuatro años de andadura del susodicho Plan de mejora de la calidad y rendimientos, a dos de los Decretos restringidores, y a pesar de todos los certificados AENOR que se exhiben, ridículamente, en las entradas de muchos centros andaluces: Las estadísticas no mejoran; la mayoría de los Centros siguen recelando del ‘Plan de mejora’ y en aquellos en los que ha sido aprobado los resultados están muy lejos de ser los que se esperaban. Por lo demás los Decretos jerarquizadores están fomentando la pasividad ante la corrupción y la incompetencia de gestores y directores en este Centro y en aquel otro, y causando el alejamiento de estos mismos Centros de las sociedades que los sostienen y justifican; cunde la segregación y la desorientación; y los índices que se refieren a la mejora en esos aspectos que resultan tan determinantes —promociones, no deserciones, adecuaciones de edades con niveles, y otros—  parecen desentenderse de tanta ordenada ‘mejora en la calidad y en los rendimientos’, de tanto decreto consolidador de la autoridad de los directores, y de tanta monserga  productivista homologable por AENOR.

            Desengáñese, señor ministro de la Educación (+ la Cultura, el Deporte, los Festejos Populares y los Toros Embolados) digan lo que digan los teóricos de la Hoover Foundation-Standford University, la educación, al menos en nuestra Europa, sí tiene que ver con el input, y más con un input que es el input de todos los inputs: con la inversión del Producto Interior Bruto (PIB) en las partidas que precisa la Escuela (y también con el % que esa inversión supone en el monto total del gasto público). En España hemos pasado de un 4,3 del PIB invertido en Educación en 2006/2007 a un 4,3 % en 2011/12 (pero atravesando un quinquenio en el que se habían superado levemente los 5 puntos, en 2009/2010, situándonos incluso un poco por encima de la media europea). Ahora se anuncia que volvemos al 4,3 (algo menos), y habría además que averiguar de este 4,3 % del PIB, que tiende a bajar, que subporcentaje es el que se invierte finalmente en la escuela pública. Por otra parte en medios oficiales se afirmó el pasado año (mayo 2011: Informe remitido a Bruselas por el Gobierno de España como parte del Programa de Estabilidad 20122015), al tiempo que se anunciaban las primeras medidas restrictivas por todos conocidas y sufridas, que el % con el que llegaríamos al 2015 sería del 3,9. Al día de hoy ya estamos un punto por debajo de la media de Europa, y a casi dos de la modélica, que lo es, Finlandia.

            Háganos un poco de caso, señor Wert. No sea usted tan acérrimo de sí mismo. No busque modelos en los USA, que tan lejos nos pillan (tanto como la Vega de Antequera o el Valle del Jerte del Silicon Valley). Mire lo no-mucho-mejor que nos va en Andalucía con este adelanto ejecutivo a la LOMCE de sus entretelas. Mire mejor los porcentajes del PIB en educación de la escuela francesa (+ 5’6), de la belga (+ 6,5), de la sueca (+,7); mire a Finlandia (+ del 6). Mire —vergüenza nos dé— Portugal (5). Mire a Botswana (+ del 7’9). Mírese usted la cara en el espejo y repita con nosotros: menos Eric Hanushek y más Comenius + Paulo Freire; menos Eric Hanushek y más Comenius + Paulo Freire; menos Eric Hanushek… A ver si así se entera qué es lo que quiere decir la palabra Escuela desde una perspectiva social (desde esa misma que usted y los suyos desprecian). Porque esa, y no otra, es la que nos conviene a todos.

Enrique A. C. G.

Profesor de Filosofía y Educación para la Ciudadanía en el IES Ibn al-Baytar.